Internacional

EL sacerdote jesuita Javier Giraldo, dedicado a la defensa de los Derechos Humanos, y acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habló sobre las amenazas a ese corregimiento, la captura de Otoniel y el balance del Acuerdo de paz .

Nota publicada originalmente en el Diario El Espectador

Javier Giraldo pasa al teléfono con la voz más apagada a causa de una gripa que lo afectó los últimos días del año. Contesta desde el Urabá, donde acostumbra a pasar la Navidad junto a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fundada a finales de los noventa en una pequeña localidad rural de Apartadó (Antioquia), y una causa que él acompaña y que ha resistido las embestidas de todos los grupos armados de la región.

El padre Javier, como se lo conoce de forma coloquial, ha sido un referente en la defensa de los Derechos Humanos en el país desde que en la década del ochenta encabezó la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Autor de varios libros sobre el conflicto armado, Giraldo fue muy crítico con el proceso de paz con los paramilitares y ahora muestra sus reparos a los acuerdos de La Habana, a los que según él despojaron de “toda su fuerza”. Colombia+20 conversó con el padre Giraldo la última semana de diciembre de 2021 sobre este y otros temas.

A cinco años de los acuerdos de La Habana, ¿cuál es su balance?

Creo que no se tocó ninguna de las raíces de la violencia en Colombia. En primerísimo lugar el problema de la tierra, pero también estaba el problema de la democracia y todo el problema de la manipulación mediática. Nada de eso se tocó en los acuerdos. De como se desarrolló el acuerdo de paz yo hice un cierto seguimiento los primeros años y saco una evaluación muy negativa de todo.

Entre lo firmado en La Habana en septiembre de 2016 y lo firmado en Bogotá después de pasar por Cartagena, hay unas diferencias enormes. Después vino el paso por el Congreso, que fue fatal. El Congreso y la Corte Constitucional metieron la mano y creo que le quitaron todos los dientes que el acuerdo podía tener, o lo que quedaba, porque ya lo habían despojado de toda su fuerza. Es muy distinto a lo que se pensó en La Habana.

Algo positivo es que casi 13.000 hombres y mujeres que estaban en armas ya no lo están…

Sí, pero han asesinado a muchos de ellos. Es como una constante de todos los acuerdos de paz anteriores: primero, no se tocan las raíces del conflicto; segundo, se asesina a los que se desmovilizan; tercero, se reciclan siempre los factores de la guerra y termina reciclándose la guerra.

¿Qué ha cambiado en la situación de violencia y amenazas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó?

Mirando un poco más atrás la situación comenzó a modificarse, aunque no con cambios sustanciales, desde la desmovilización del año 2016 porque se fueron estos grupos de las Farc que hacían presencia, pero el paramilitarismo fue tomando control de todas las veredas. Hoy en día ya todas las veredas del corregimiento tienen un control mediante presencia de por lo menos una persona o una familia que ellos llaman “puntos”, que es propiamente un sistema de espionaje.

Ellos convocan permanentemente asambleas de juntas de veredas, ponen sus puntos de vista sobre la agricultura, qué se puede sembrar, qué no se puede sembrar, ponen impuestos ilegales, imponen su modelo de desarrollo, que es antiecológico y va en contra de todo lo que la comunidad ha pensado siempre. En esas asambleas de veredas lanzan amenazas y quieren dejar siempre sentado que ellos son la autoridad de la región.

Nadie se puede oponer a ellos. Todo el mundo se tiene que someter y el que no se someta pagará las consecuencias. Hasta ahora no han obligado a la Comunidad de Paz a asistir a esas asambleas, pero cada vez la presión y la amenaza es más fuerte. Las respuestas que da el Gobierno y las Fuerzas Armadas a todas las quejas que la comunidad le transfiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre son evasivas diciendo “no sabíamos, no estábamos presentes en la zona” o “vamos a investigar” y nunca se investiga, así va avanzando este tipo de control.

Otoniel dijo que lo suyo fue una entrega y además que busca una negociación de paz con el gobierno, ¿qué opina de ambas afirmaciones?

Creo que es muy ambiguo. Pocas personas en Colombia se tragaron esa versión de la captura de Otoniel, eso fue una obra de teatro demasiado mal preparada. La presencia del Clan del Golfo ha sido ciertamente de un paramilitarismo coordinado y articulado con la Fuerza Pública. Entre octubre y diciembre en la región del Chocó y el norte de Antioquia hubo tal agresión de los paramilitares coartando todas las actividades, incluso religiosas, que hubo misiones de verificación en las que participaron varios obispos, organismos internacionales y humanitarios.

Esas misiones sacaron unos comunicados muy fuertes y resulta que el Ministerio de Defensa está enfurecido contra la Iglesia por esa denuncia y exigió retractación por una de las afirmaciones que aparecen en esas denuncias: la que decía que hay síntomas de que el Clan del Golfo y el Ejército están actuando conjuntamente.

El Ejército está enfurecido exigiendo retractación, pero uno se pregunta, ¿qué pruebas van a exigir? Si quienes estuvieron en estas misiones escucharon el testimonio de la gente que ha vivido en carne propia las cosas terribles que están haciendo los paramilitares. Las mismas religiosas que están en esas zonas rurales les decían “aquí está la base militar y a pocos metros está la base paramilitar”. ¿Cómo van a negar que están actuando juntos?.

Hay una connivencia muy evidente que ya se ha denunciado, no solamente en el norte de Antioquia y el Chocó, sino en el Caquetá, en Putumayo, en Guaviare, que muestra lo mismo: se nota una articulación y connivencia incluso con algunas disidencias, con el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares. La situación se ve muy grave.

El Ejército tiene a su favor que ha dado golpes duros al Clan del Golfo y eso es lo que reclama en su carta de retractación el brigadier Óscar Murillo, comandante de la Fuerza Titán del Chocó. Quizá es ambiguo eso de la connivencia…

Es cierto, yo creo que ellos manejan todo esto dosificadamente, de tal manera que puedan defenderse y mostrar la otra cara, la de la persecución, en determinados momentos. Pero hay algo que salta como una preocupación de fondo y es el problema de la verdad. 

Hasta qué punto los grupos que ellos dicen que han golpeado son realmente del Clan del Golfo, o más bien son delincuencia común o incluso de guerrilla, y tratan de presentarlos así. ¿Dónde está la credibilidad? ¿Dónde está la verdad?

Las misiones humanitarias han tratado de escuchar el testimonio de las víctimas. Aquí los militares piden pruebas y las únicas pruebas válidas son las que van a las Fiscalías o a las Procuradurías, esas no son pruebas dentro de cierto consenso de los movimientos sociales, en primer lugar porque los que van a denunciar entran en un riesgo grandísimo y esa no es una vía de denuncia para los movimientos sociales, menos en un momento en que todos los órganos de control están cooptados por el alto Gobierno.

Entonces está de por medio el problema de la verdad, a quién creerle y cómo acceder a la verdad en un momento de estos en que no se puede confiar en los órganos de control. Uno ve tantas mentiras, por miles, de carácter oficial. El sólo hecho de que se destaparan más de 6 mil casos de falsos positivos muestra eso, 6 mil veces que el alto Gobierno fabricó falsas verdades y le presentó al país grandes mentiras relativas a crímenes horrendos que se presentaron como verdades y ahora se destapan.

Eran mentiras revestidas de verdad. Lo mismo es lo que ha pasado con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: si uno mira la masacre del 2005, el gobierno trató de venderle al país la falsa idea de que había sido la guerrilla la que había hecho esa masacre, ahora es la Corte Suprema de Justicia la que condena a 10 militares. Nos vendieron una falsa verdad durante varios años, era una mentira oficial revestida de verdad. Eso ha ocurrido multitud de veces.

Hugo Torres, obispo de Apartadó, asegura que la captura de Otoniel abre la posibilidad para la paz con el Clan del Golfo, ¿qué cree al respecto?

En primer lugar, eso del fin del Clan del Golfo es completamente falso, no fue una captura sino una entrega. Además, no se tocó la estructura de ellos que hace tiempo tenían su nuevo comandante elegido y todas sus finanzas reorganizadas. La estructura sigue sin tocar, lo de Otoniel no afectó para nada esa estructura.

Luego, el solo hecho de todas estas denuncias de connivencia con el Estado, eso no abre nada, al revés, en lugar de un espacio para la paz creo que más bien se agrave el problema de la guerra. El Ejército sabemos que nunca ha luchado como una defensa real de los sectores populares y los movimientos sociales, sino más bien como una represión de todas esas fuerzas. Y ahora se une con estos paramilitares que también son una fuerza contra los movimientos sociales. Se está es agravando el problema de la guerra.

Pero el mismo Otoniel dijo en su comparecencia ante la Justicia Especial para la Paz que ellos están dispuestos a hacer la paz…

Yo no sabría valorar eso… hasta donde llegará la sinceridad de todo esto.