SINDICATO UNITARIO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
NOSOTROSCONTACTO 03 Dic, 2021

Esmad

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El próximo 16 de septiembre la Fiscalía llamará a juicio al mayor Jorge Mario Molano, quien está suspendido. Será acusado por homicidio pues, según los cotejos periciales, todo indica que le disparó al joven Santiago Murillo en Ibagué sin que fuera necesario y desconociendo todas las directivas para el uso de armas. La defensa del policía sostiene que es inocente.

Tomado de El Espectador 

A las 2:40 de la madrugada del pasado 2 de mayo, el mayor Jorge Mario Molano (suspendido por la Policía) entregó su arma de dotación. Lo hizo en las instalaciones de la Fiscalía de Ibagué, horas después de que el joven Santiago Murillo, de 19 años, cayera baleado por un disparo que le perforó el corazón en la calle 60 con carrera 5 de la capital del Tolima. La pistola en manos de Molano, con serial SP 0169540, es una de las pruebas con las que la Fiscalía va a llevar a juicio al policía, pues el registro coincide con el proyectil encontrado en el hombro de la víctima, un joven quien no participaba del paro nacional y quien en su última noche regresaba de la casa de su novia.

El Espectador conoció el escrito de acusación en contra del suspendido mayor Molano que la Fiscalía preparó para el juicio que iniciará el próximo jueves 16 de septiembre. El policía asistirá a la audiencia desde la cárcel Picaleña (Ibagué), pues está preso preventivamente. En el documento, el ente investigador expuso su hipótesis sobre el homicidio de Murillo, basándose en informes periciales, documentación de investigadores de policía judicial y un total de 39 testimonios. Se trata del primer llamado a juicio por los homicidios atribuidos a miembros de la Fuerza Pública en el pasado paro nacional, los cuales podrían ser hasta a 77, según Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Entre los fundamentos de la acusación, se describe que el pasado 1 de mayo, sectores sociales convocaron a movilizaciones en Ibagué. En la calle 50 con carrera 5, a eso de las 8:20 p.m., se presentaron desórdenes y algunos manifestantes lanzaron piedras contra miembros de la Policía y las instalaciones de una tienda Panamericana. “La situación es conocida por Jorge Mario Molano, quien para el momento de los hechos, fungía como comandante del CAI Norte o estación Norte, y el teniente Andrés Parra, adscritos a la Policía Metropolitana de Ibagué. Los dos oficiales se ubican en la calle 60 con carrera 6, en donde en dicha esquina desenfundan sus armas de dotación en ese primer momento y cada uno realiza detonaciones hacia el piso y al aire”, señala la Fiscalía.

UN BUEN MUCHACHO, ASEGURA SU FAMILIA

Miguel Murillo, su papá, lo recuerda como un muchacho querido por sus amigos, por su familia, por las mamás de sus amigos, por todos los que estaban a su alrededor. “Era un pelado educado, juicioso, sociable, una persona responsable, era un excelente niño”, relató y añadió que Santiago solía pasar mucho tiempo en la casa y que cuando salía, por lo general era con él a montar en bicicleta o con su novia Estefanía, y que, de vez en cuando, iba a la casa de su tía.

La policía representada en el Esmad, reaccionó violentamente ante la protesta social en Ibagué. Resultó muerto, en las movilizaciones, el joven Santiago Murillo.

Aunque algunas versiones previas señalaron lo contrario, el papá de Santiago dice que su hijo no participó en las protestas. Aunque se acercó a una zona de manifestaciones, quizá por curiosidad, Miguel tiene la certeza de que su hijo no estaba manifestándose ni mucho menos lo hizo lanzando piedras o con violencia, algo que de cualquier forma no justificaría, si es que así ocurrió, que recibiera un disparo de un integrante de la Policía.

“Él no era de las personas que participan en esas cuestiones. Yo soy hincha del Tolima, pero nunca le inculqué eso, porque a la edad de ellos me daba miedo que de pronto él pudiera ser parte de ese grupo”, explicó Murillo, quien resaltó que apoya las protestas y exigencias ciudadanas, pero jamás el vandalismo y los disturbios. “Ni yo, ni Santiago, nunca le di la educación para que hiciera eso”, explicó.

UN ASESINATO DE LA POLICÍA

Miguel Murillo pidió que termine la violencia y agradeció a todos los que han marchado por su hijo y le han dedicado homenajes. “Pero eso no me lo va a devolver, lo que quiero es que esto no se repita (…) que todo se resuelva y que no quede impune, porque eso fue un asesinato de mi hijo por parte de un policía”, sostuvo.

A pesar de la situación descorazonadora de Miguel, después de la pérdida de su único hijo, los trámites no dan espera. Estuvo toda la mañana en la Fiscalía y le informaron que la investigación ya está avanzando, pues solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Además, el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, también se acercó a él y le prometió que su gobierno se esforzará para que no haya impunidad en el caso.


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Como habían advertido con anticipación las organizaciones sociales, la protesta de este 20 de julio, iba a ser infiltrada por las fuerzas oscuras para deslegitimar informe del CIDH que se refirió a desmanes de la fuerza pública y que recomendó correctivos inmediatos.

Por Fernando Alexis Jiménez – Dirigente Sugoviano

Fotografías: Oliverio Montealegre Tierradentro – Yesid González Sabi

Nuevamente Cali se convirtió este 20 de julio en un campo de batalla por cuenta de los actos de provocación de la fuerza pública a los manifestantes en la concentración de la Loma de Cruz, confrontaciones que se replicaron en los sectores de Sameco, Puente del Comercio, Meléndez y Calipso. De acuerdo con las autoridades, siete agentes de antidisturbios resultaron heridos, pero no mencionaron que más de veinte manifestantes resultaron seriamente afectados en su integridad. Ironías del país del “realismo mágico” donde solo cuentan unos, y las clases populares resultan invisibilizadas.

Las marchas de las horas de la mañana transcurrieron en paz. Sin embargo, frente a la actitud intimidatoria del Escuadrón Anti Disturbios—Esmad–, se generaron las condiciones para los enfrentamientos que buscan sustentar los vaticinios aterrorizadores que promovió el presidente Iván Duque, para deslegitimar y satanizar la protesta social.

Para generar temor en la ciudadanía y evitar que liberaran su inconformidad saliendo a las calles, el mandatario anticipó que se fraguaban planes terroristas, con apoyo de la insurgencia y el narcotráfico, para desestabilizar la institucionalidad. Pero de la mano con estos pronunciamientos, enarbolaba la tesis de que todo estaba bajo control gracias a los operativos de seguridad en toda la geografía nacional.

El común denominador de las marchas: transcurrieron en paz, pese a las provocaciones de las fuerzas estatales.

GOBIERNO NACIONAL PREPARÓ ESCENARIO PARA LOS COMBATES

Para nadie es desconocido que esta andanada gubernamental de desinformación, es una cortina de humo que busca echar por tierra el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los abusos de la fuerza pública y las recomendaciones para que se apliquen correctivos urgentes.

Quedó claro que se trató de dos cosas claras: una estrategia concebida para esconder la corrupción que rodea la vacunación contra el covid-19, y generar una sensación de “seguridad”, que su propio gobierno ha roto con los asesinatos aleves de manifestantes, y las desapariciones de líderes sociales.

La arrogancia del gobierno nacional levanta barreras al diálogo y el Comité Nacional de Paro ha visto renacer, con mayor fuerza, la llama de la inconformidad que asiste a millares de personas por la arbitrariedad del presidente Iván Duque.

El Sindicato Unitario de la Gobernación del Valle–SUGOV– a través de su dirigencia, hizo presencia en las marchas. Si dejar de lado su filosofía de beligerancia en defensa de los derechos de la clase trabajadora, reafirmó su compromiso con la pacificidad en las movilizaciones. 

 

NOTA IMPORTANTE: El autor del texto es responsable por sus opiniones. Aun cuando pertenece a la dirigencia sugoviana, no necesariamente expresa todo el pensamiento político-sindical de nuestra organización. No obstante, fieles al criterio de ser diversos, pero unitarios, publicamos este contenido escrito.


Sugov07/20/2021
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Cayeron por tierra las aseveraciones del presidente Iván Duque Márquez buscando atemorizar a los colombianos. Quedó claro que se trató de dos cosas claras: una cortina de humo para esconder la corrupción que rodea la vacunación contra el covid-19 y generar una sensación de “seguridad”, que su propio gobierno ha roto con los asesinatos aleves de manifestantes, y las desapariciones de líderes sociales.

Por Fernando Alexis Jiménez – Dirigente Sugoviano

Fotografías: Oliverio Montealegre Tierradentro – Yesid González Sabi

Pese a la andanada terrorista propiciada por el propio Estado a través de informaciones atemorizantes en todos los medios, que trató de satanizar las movilizaciones de este 20 de julio en todo el país, las marchas fueron pacíficas. Cali no se quedó atrás. El desplazamiento de los manifestantes, aun cuando guardaba la inconformidad que sigue latente en los colombianos, estuvo enmarcado por la tranquilidad.

Un único hecho aislado, fue un bloqueo intermitente que se presentó en inmediaciones de la Universidad del Valle, pero el propio subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, debió reconocer que quienes se encontraban allí, se retiraron pacíficamente. Las autoridades retiraron los escombros de la Calle 13 con Carrera 100.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien no goza del aprecio ciudadano por considerar que traiciona a la clase de origen, reconoció ante los medios de comunicación que esta fue “…. una jornada muy tranquila, no hemos tenido mayores dificultades, el proceso ha venido evolucionando a uno de carácter cultural, asambleario, sin mayores dificultades“. A continuación, y para generar tranquilidad en la “gente de bien” a quien le interesa mantener contenta, dijo que “… tenemos desplegadas todas las instituciones del estado para que esta sea una jornada en convivencia, en paz, respetando el derecho a la protesta, pero también significando que no pueden ocurrir eventos vandálicos ni situaciones que pongan en peligro la vida y la dignidad de las personas“.

Así las cosas, de entrada, cayeron por tierra las aseveraciones del presidente Iván Duque Márquez—quien pasará a la historia junto al titiritero Álvaro Uribe Vélez—como los gobernantes que más han golpeado a las clases populares, buscando atemorizar a los colombianos. Quedó claro que se trató de dos cosas claras: una cortina de humo para esconder la corrupción que rodea la vacunación contra el covid-19 y generar una sensación de “seguridad”, que su propio gobierno ha roto con los asesinatos aleves de manifestantes, y las desapariciones de líderes sociales.

UN DISCURSO DEMAGÓGICO DESLEGITIMANDO LA PROTESTA SOCIAL

Mientras que helicópteros hacían vuelos rasantes en inmediaciones del Puente de la Residencia “Nicolás Guerrero” en la calle 70 con carrera 1 y en Puerto Resistencia, el presidente Iván Duque instalaba el Congreso de la República con un discurso demagógico que pretendía deslegitimar la protesta social.

Desde su perspectiva cualquier acción que exprese la inconformidad popular, está asociada con terrorismo y, como advirtió: “Toda acción que busque desestabilizar la institucionalidad, será reprimida.” Salvo sus pocos adeptos en el Senado, los demás estaban ocupados en mirar su teléfono celular o trinar trivialidades. Ni ellos mismos, que encarnan la clase politiquera, le creen las falacias de Duque.  

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS AL CONGRESO POR PARTE DEL COMITÉ NACIONAL DE PARO

El vocero del Comité Nacional de Paro (CNP), Francisco Maltés Tello, anunció la presentación de diez proyectos que están en consonancia con el Pliego Petitorio de Emergencia que se le presentó al presidente Duque hace un año, pliego ante el cual mostró total indiferencia.

Entre las iniciativas que discutirá el legislativo, se cuentan: Renta Básica consistente en un salario mínimo, por espacio de siete meses; gratuidad permanente de la formación universitaria; apoyo para la reactivación económica de los pequeños empresarios; plenas garantías para la protesta social, y reforma estructural—no de forma sino de fondo—a la policía nacional.

Respaldando la presentación de estos Proyectos, se realizaron en todo el país 86 manifestaciones gigantescas, pero pacíficas.

LA PROTESTA SOCIAL EN CALI

En cinco sectores de Cali se presentaron, en un marco pacífico, bloqueos intermitentes. Se trata de los sectores de Sameco, Puente Resistencia “Nicolás Guerrero”, inmediaciones de Univalle, Puerto Resistencia y en inmediaciones de la Loma de la Cruz. En consonancia con la jurisprudencia alrededor del tema, no se trató de intermitencias ni que pusieran en peligro la vida de nadie, ni que afectaran la movilidad humanitaria. 

Lamentablemente si no hay manifestaciones, el gobierno no escucha. Y menos Duque, que ha gobernado de espaldas al pueblo.”, explicó Juan Carlos Andrade, uno de los voceos del punto de resistencia del Paso del Comercio. 

Por supuesto, nos identificamos: si no hubiese sido por las protestas que duraron dos meses y que prosiguen en la línea de tiempo, el pueblo no había sido escuchado. 

NOTA IMPORTANTE: El autor del texto es responsable por sus opiniones. Aun cuando pertenece a la dirigencia sugoviana, no necesariamente expresa todo el pensamiento político-sindical de nuestra organización. No obstante, fieles al criterio de ser diversos, pero unitarios, publicamos este contenido escrito. 


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Michele Bachelet, Alta Comisionada de los DD.HH. advierte que aún los funcionarios del Estado, vinculados a la aplicación desmedida de la fuerza, deben ser investigados. En el proceso, debe tomar parte una misión independiente. Colombia deberá permitir acceso de veedores internacionales.

Texto elaborado a partir de las agencias de prensa internacional (AFP, EFE y DW).

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación el domingo (30.05.2021) por los enfrentamientos en la ciudad  de Cali, y pidió diálogo y que se investiguen las muertes. Su oficina ha recibido informes de que 14 personas murieron y 98 resultaron heridas -54 por disparos- en los enfrentamientos que tuvieron lugar en los dos últimos días en el contexto de protestas ciudadanas, en las que se detectó la presencia de civiles armados. 

Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley“, dijo Bachelet en un comunicado.

Cali, con unos 2,2 millones de habitantes, es epicentro de protestas y bloqueos de vías que ha generado reacciones críticas y violentas de quienes no están de acuerdo. Han acudido al uso de las armas, y según denuncias, con la anuencia de la fuerza pública.

Las protestas que iniciaron el 28 de abril, son pacíficas. Participan multitudes.

Arrinconado por las protestas, el presidente colombiano, Iván Duque, desplegó el ejército en la ciudad bajo la figura de asistencia militar que permite a los soldados apoyar a la policía en las tareas de vigilancia. De la mano con esta decisión, se han elevado múltiples quejas por hechos atentatorios contra la población civil.

GRAVES CONSECUENCIAS

El ejército reforzó el sábado la presencia en la capital del Valle del Cauca ante la violencia desatada sin que haya claridad plena de quiénes la generaron, y que deja un saldo de 13 personas muertas la víspera, en medio de las protestas que estallaron hace un mes contra el gobierno de Iván Duque.

El sábado por la noche apenas se veían unos pocos vehículos y personas en las calles donde la un día antes se enfrentaron manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles. Restos de barricadas y escombros reflejaban el caos que envolvió a Cali, bajo toque de queda nocturno.

Bachelet pide investigación “independiente” sobre muertes por violencia durante protestas en Cali

Al menos ocho muertes fueron por arma de fuego. Las denuncias advierten que algunas de estas armas tenían silenciador y se vio a varios civiles disparando, junto a la fuerza pública en el sector sur frente a Unicentro, sin que los agentes procedieran a la retención de quienes lo hacían. “Actuaban en contubernio, disparando”, dijo un vocero de la Unidad de Resistencia de Cali, que reúne a los manifestantes de los diferentes puntos de resistencia. 

Pido que se ponga fin a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo, y que todas las partes sigan hablando, para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas”, declaró Michele Bachelet.

Se han elaborado múltiples muros con dibujos y fotografías de los civiles que han sido asesinados durante las protestas, en el marco del Paro Nacional.

En su pronunciamiento, que le da la vuelta al mundo, reclamó el diálogo para resolver las demandas de los manifestantes y de quienes se oponen a las protestas. Al menos 30 personas han sido detenidas en Cali desde el día 28 y se pidió para ellos un proceso con todas las garantías legales.

Los manifestantes denuncian que la presencia de la fuerza pública y militar en Cali, genera un ambiente de temor y zozobra.

 


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La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El Estado colombiano informó que, a la fecha, se han llevado a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios del territorio colombiano, con la participación aproximada de 1.493.791 personas. Del mismo modo, comunicó que, del total de protestas, 7,801 no han presentado incidentes. Sin embargo, la Comisión resalta que en al menos 1,038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes.

La CIDH expresa su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de las protestas. Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación,  desde el inicio de las protestas 43 personas han perdido la vida, de las cuales 17 tendrían relación directa con manifestaciones. Por su lado, organizaciones de la sociedad civil han registrado 51 muertes en el contexto de las protestas. Al respecto, la Comisión Interamericana destaca especialmente los casos de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos durante su participación en una protesta pacífica, el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de las fuerza pública, así como  de Jhon Erik Larrahondo, quien murió en  Cali el 23 de mayo por el accionar de un arma de fuego.

Además, la Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño.

A su vez, la CIDH expresa su alarma por la denuncia de al menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, como el caso de la adolescente que denunció haber sido agredida sexualmente por varios agentes de la fuerza pública en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado el día 12 de mayo. Igualmente, condena el hecho de violencia sexual que habría sufrido una agente de la fuerza pública dentro de una estación de policía vandalizada en la ciudad de Cali el 29 de abril.

Por otro lado, según información pública, se conoce la existencia de aproximadamente 979 civiles heridos en el contexto de las protestas, entre ellos por lo menos 33 con traumas oculares, los cuales se concentran mayoritariamente en Bogotá, Neiva, Cali, Yumbo, Medellín, Popayán, Pasto, y otros municipios de Risaralda y Valle del Cauca. De acuerdo a lo informado, se estarían utilizando armamentos antidisturbios por parte de la policía que generan impactos indiscriminados en contra de las protestas mayoritariamente pacíficas, como es el caso del lanzacohetes Venom. Asimismo, en Bogotá, en el contexto de las protestas del 22 mayo, según información preliminar, al menos 2 personas manifestantes habrían sido heridas, incluyendo reportes de lesión ocular por proyectil policial.

Según la información enviada por el Estado a la Comisión información que da cuenta de la apertura de 144 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias por parte de funcionarios de la Policía Nacional, dos de ellas por presuntos actos de violencia sexual.

La Comisión Interamericana rechaza que, durante las protestas, se hayan identificado diversas expresiones públicas que estigmatizan la protesta social y, especialmente, a las personas manifestantes de pueblos étnicos e integrantes de la Minga Indígena. En particular, la CIDH  tuvo noticia sobre grupos de civiles armados que dispararon indiscriminadamente contra una manifestación compuesta por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali. La CIDH encuentra extremadamente grave la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes.

En adición, la CIDH y su RELE han observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación.

La Comisión Interamericana condena que, en determinadas circunstancias, presuntos grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público, y provocando afectaciones a la propiedad privada, entre otros actos injustificables de vandalismo. Según información suministrada por el Estado, estos hechos darían cuenta de 108 acciones contra infraestructura pública y del gobierno, entre ellas: cámaras afectadas; semáforos destruidos; señales de tránsito; y 1136 vehículos de transporte público afectados.

En este contexto, la CIDH manifiesta su extrema preocupación por el fallecimiento al menos 2 policías, 966 resultaron lesionados, y que 25 estaciones de policía, una instancia de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y una sede de medicina legal han sido atacadas o vandalizadas. Además, tomó conocimiento de la muerte del patrullero Juan Sebastián Briñez , y las lesiones provocadas a por lo menos 2 agentes de policía el 22 de mayo, incluyendo graves quemaduras faciales por una bomba incendiaria que habría sido dirigida contra su unidad. Sobre este punto, la Comisión recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica y que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia.

El Estado informó a la Comisión Interamericana sobre las múltiples afectaciones que generarían los bloqueos sobre los derechos de las y los colombianos, como la producción y distribución de alimentos, lo cual impacta en particular a niñas y niños en el plan de alimentación escolar.

Al respecto, la Comisión Interamericana recuerda que el derecho de reunión reviste gran importancia para el funcionamiento de la democracia y resalta que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas.

Asimismo, recuerda que toda restricción al derecho de reunión debe estar  prevista en la ley, debe perseguir un objetivo legítimo y debe ser necesaria en una sociedad democrática bajo los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. A su vez, la Comisión reitera lo indicado en su informe sobre Protesta y Derechos Humanos, en el sentido de que es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica.

En su Informe Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos. Asimismo, la decisión de dispersar una protesta por parte del Estado debe ser comunicada y explicada de manera clara, de modo tal que permita su comprensión y cumplimiento por parte de los manifestantes, ofreciéndoles tiempo suficiente para dispersarse sin acudir al uso de la fuerza.

Cuando la eventual perturbación a la vida cotidiana en el seno de las protestas se extienda en el tiempo y escale a punto de comprometer la garantía de otros derechos como el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como último recurso, y a su vez atendiendo al principio de interdependencia de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión destaca la importancia de que las personas manifestantes permitan la circulación de insumos y provisiones esenciales.

En este sentido, la Comisión condena categóricamente que en el contexto de las protestas se hayan presentado decenas de ataques a ambulancias y misiones médicas, dificultando el traslado de pacientes. En particular, la CIDH deplora el fallecimiento de una bebé intubada como consecuencia de que no pudo ser trasladada oportunamente el 23 de mayo en la ciudad de Buenaventura. En ese sentido, la Comisión llama al Estado a concertar con los manifestantes la creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos involucrados. Particularmente, en el para la situación de Colombia hoy, el acceso a alimentos, las garantías del derecho a la salud, así como  el aprovisionamiento y despliegue de  a personal e insumos médicos

Frente a las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas, la CIDH condena el alto número de fallecidos y heridos, al tiempo que reitera la importancia de respetar el carácter excepcional del uso de la fuerza y observar los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Adicionalmente, insta a las autoridades a investigar con debida diligencia todos los casos, a identificar y sancionar a los responsables, así como a reparar integralmente a las víctimas y sus familiares. En los casos de violencia sexual, la investigación deberá llevarse a cabo con debida diligencia reforzada y garantizando el enfoque de género.

La Comisión Interamericana reitera que, siempre que haya se sospecha de la desaparición de una persona, debe iniciarse la investigación automáticamente, sin dilación, de forma seria, imparcial y efectiva y orientada a la determinación de la verdad, ello debe incluir la conformación de unidades o comisiones especializadas que cuente con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos a la localización e identificación de las víctimas desaparecidas.

Asimismo, la Comisión recuerda que las y los periodistas cumplen una función crucial al recabar y difundir información de lo que sucede en protestas sociales, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades deben brindarles el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público.

La Comisión observa que muchas de las demandas de las protestas sociales guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, con especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos étnico-raciales. En ese sentido, reafirma que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio libre y el respeto pleno de los derechos humanos. La CIDH recuerda y hace un llamado a atender las causas de las protestas sociales y a respetar los derechos humanos de las personas manifestantes, e insta a que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas diligentemente y juzgadas por la jurisdicción ordinaria, según los estándares internacionales.

Por último, la CIDH reitera la importancia de  realizar una visita de trabajo para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Datos de contacto: 
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
cidh-prensa@oas.org

Nuestra dirección de correo postal es:

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Los jóvenes en Puerto Resistencia, están arriesgando su vida porque creen en un nuevo país, con oportunidades para todos. Tributo de reconocimiento a su valerosidad. ¿La razón? Jamás han tenido nada, no tienen ahora nada que perder. Por primera vez están siendo vistos y el país se está enterando de que existen.

Por Vanessa de la Torre Sanclemente 

Una olla que hierve al calor de la leña. Velas que alumbran por los que ya no están. Nombres escritos con pintura blanca sobre el piso roto de cemento. Libros donados por unos, que agarran libremente otros.
Llantas ardiendo. Huele a quemado, a droga, a chorizo, a todo. Unos cantan. Otros observan. Es un ambiente extraño, festivo, familiar y peligroso al mismo tiempo.

En una especie de tarima improvisada, un grupo de jóvenes – no es posible contarlos porque no se pueden mirar detalladamente- custodian la plaza y a su gente. Están totalmente cubiertos, encapuchados, con cascos de construcción en la cabeza, gafas y cámaras aislantes. Parecen salidos de una película. Son los de la “primera línea”.

Es Puerto Resistencia, punto de acceso al Distrito de Aguablanca. El bastión de los que para unos son vándalos y para otros, héroes. Cuentan los vecinos que el pasado 28 de abril en ese lugar, un muchacho de 17 años, Marcelo Agredo, le pegó una patada a un policía que estaba en una moto y como respuesta recibió dos tiros en la espalda que acabaron con su vida.

También, a las pocas horas, murió otro chico, Jeirson García, de 13 años, en circunstancias similares. Entonces, el barrio se llenó de dolor y solidaridad y los chicos que nunca tuvieron una oportunidad distinta a la delincuencia, recopilaron ese abandono, ese descontento.

Bloquearon las entradas, se enfrentaron como nunca a la policía, quemaron un CAI y se volvieron la autoridad. Desde entonces nadie, sin permiso de los de la “primera línea”, entra a Puerto Resistencia.

Con mi equipo de Caracol Radio transmitimos el programa que dirijo desde las esquinas de ese lugar, tratando de escuchar a esos jóvenes maltrechos y abandonados que tienen incendiada a Cali.

El mensaje fue unánime: jamás han tenido nada, no tienen ahora nada que perder. Por primera vez están siendo vistos y el país se está enterando de que existen.

Los cuidan las madres, amigas, tías y vecinas que confían en que gracias a su determinación -aunque sea tan violenta- el destino de un millón de personas que viven en Aguablanca, esta vez podría cambiar.

Adjudicarle exclusivamente a grupos delincuenciales la explosión social que se está viviendo en Cali es demasiado básico, elemental. Toca, si o si, hablar, negociar, dar, reinventar y apagar los odios con solidaridad, educación y oportunidades laborales.

Lo grave es que esto no parece haberse entendido y escasea el liderazgo capaz de hacerlo.

 Sigue en Twitter @vanedelatorre

NOTA IMPORTANTE: Las opiniones expresadas en el presente artículo reflejan el pensamiento de su autora y no necesariamente representan la posición político-sindical del movimiento sugoviano.


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Son la voz de un país descubriendo su dignidad, reclamando por fin lo que le deben hace ya varios siglos; la patria que todos merecimos, la felicidad que nos robaron, los muertos que se llevaron los ríos, el pan que aquí no pusieron sino en unas cuantas mesas…

Por William Ospina – Escritor y periodista

Estuvimos juntos siempre pero solo ahora estamos juntos. Siempre nos conocimos y apenas empezamos a conocernos. ¿Quiénes son estas muchachas y estos muchachos firmes y conmovidos que nos hablan por primera vez? Son los que fuimos, sueñan lo que soñamos, hacen por fin lo que siempre quisimos hacer. Están aquí desde hace siglos y sin embargo acaban de nacer, y por sus labios hablan estos mares, y por sus manos corren estos ríos, y son de todos los colores: han nacido en los valles, en las montañas, en los litorales, en las ciudades.

Son la voz de un país descubriendo su dignidad, reclamando por fin lo que le deben hace ya varios siglos; la patria que todos merecimos, la felicidad que nos robaron, los muertos que se llevaron los ríos, el pan que aquí no pusieron sino en unas cuantas mesas, la educación que les pintaron como un lujo cuando han debido dársela como el mayor derecho.

¿Qué es lo que quieren estos jóvenes? Pues lo que quiere todo pájaro: poder volar y cantar; lo que quiere todo río, poder seguir su camino; lo que sueña toda vida, celebrar el mundo, merecer un destino, disfrutar de este breve tiempo que nos dieron sin sentir ese regusto amargo de que la tierra es de unos cuantos, de que la vida verdadera es de unos pocos, de que tenemos que dejar morir las ideas en nuestras cabezas, el talento en nuestras manos y el amor en nuestros corazones, porque el país es de cuatro dueños, porque los que tienen la tierra en vez de ponerla a producir la forran en alambre de púas, porque los que creen tener la cultura quieren guardarla en una caja fuerte.

¡Adelante, los hijos de una edad más orgullosa y más valiente! Ustedes lo merecen todo: no se conformen con migajas. El Estado ha dicho que les va a ofrecer educación superior gratuita. Tal vez sea una buena decisión, pero no es suficiente. Si muchos jóvenes no han podido siquiera terminar su bachillerato, ¿cómo podrían entrar a la universidad aunque no les cobren matrícula? Muchos no tienen qué comer en sus casas, y muchos tienen incluso hijitos qué mantener.

Es ya la educación lo que debe cambiar. Hemos visto muchos graduados de la universidad que ni siquiera así encuentran un lugar en la sociedad, y muchos tienen que irse a buscar en otra parte lo que su país debió darles. Aquí no bastan ya los títulos: necesitamos un país que ofrezca alternativas, que valore el talento, que esté hecho para engrandecernos y no para este desprecio cotidiano.

Pero solo es así como cambian los tiempos: cuando cada quien sabe lo que vale y ya no se resigna simplemente a pedir sino que exige, sino que propone e impone los cambios.

Alguien creerá que es mucha gracia no cobrarles por aprender. Yo digo que la sociedad debería pagarles por aprender. Permitirles ser médicos, ser ingenieros, ser matemáticos, ser químicos, ser arquitectos. Pero tener también, mientras estudian, salud, ingresos, tiempo libre, lo que algunos siempre tuvieron y aquí las mayorías no tuvieron nunca.

Ustedes ya han comprendido qué gran país podríamos llegar a ser si se cultivara nuestro talento. Y si la educación es la mejor inversión de un país ¿por qué habría que pagar tanto por ella? El país debe invertir en sus jóvenes, no solo en algunos, en todos, y no dejarlos abandonados en las fronteras del peligro y de la muerte, y permitirles que cada quien atienda su vocación: ser también empresarios, artistas, agricultores, artesanos, comerciantes, músicos, inventores.

Hay cosas que se aprenden en las aulas, hay otras que se aprenden en las calles, hay otras que se aprenden en las selvas. Que el país abra sus salones de montes y de ríos, de mares y llanuras, allí donde hay que aprender ahora las ciencias más necesarias: cómo curar el agua, cómo salvar el mundo, cómo producir alimentos orgánicos, comida sana, cómo cambiar las fuentes de energía, cómo proteger a las abejas y a los jaguares, cómo limpiar los ríos, cómo crear una economía justa, cómo hacer una industria que no contamine, una arquitectura que dialogue con la naturaleza y con el clima, cómo hacer ciudades bellas, amables con su gente.

No todas las profesiones están inventadas, el mundo nos demuestra que hay mucho qué crear, mucho qué transformar, una nueva manera de habitar en la tierra, y todo eso está brotando, y lo que ustedes hacen hoy, reclamar con valentía, luchar con firmeza, hacerse respetar de los poderes vanidosos y muchas veces corruptos, es parte de ese mundo nuevo que está naciendo.

No: no es solo Colombia lo que está despertando en Puerto Resistencia, y en todos los puertos resistencia que hay en el país: es un mundo nuevo, es el futuro que nos habían robado, es la alegría que nos prohibieron, es la solidaridad que nos negaron, es la esperanza inmensa para un planeta que se estaba cayendo a pedazos, y tal vez frente a ustedes hay unos muchachos con uniforme que saben que necesitan el mismo futuro.

Es la certeza antigua de que la voz del pueblo es la voz de Dios, y que la juventud está más cerca de la naturaleza y es la mejor aliada de la vida. Es la prueba de que el vigor, la belleza y la alegría son dones que la vida le ha dado a la especie para que sepa renacer a tiempo de sus cenizas, para que invente una vez más el mundo.

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en la presente columna de opinión, refleja el pensamiento del autor y no necesariamente la orientación político-sindical del movimiento sugoviano.


ppotes04/23/2021
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La pretensión de los uniformados era desalojar a los universitarios que levantaron un campamento pacífico, situación que terminó en disturbios alimentados por los ataques con gas lacrimógeno y golpes a diestra y siniestra contra los estudiantes.

Con la presunta anuencia de los Gobiernos Departamental y Municipal, la fuerza pública protagonizó una nueva demostración de excesos, violencia y brutalidad al ingresar al campus de la Universidad del Valle.

Esto se convirtió en un terreno de batalla, nosotros con las ideas y ellos (el Goes y la Policía) con uso de armas y gas lacrimógeno”, relató Lucy Ávila, una de las estudantes, al tiempo que la Concejal, Ana Erazo, en un vídeo que se hizo viral, pidió el retiro de la fuerza pública del perímetro y que cesara la violencia de los agentes contra la población civil, especialmente estudiantes. “Lanzaron gas, nos tienen rodeados y no nos escuchan como institucionalidad. Nos están agrediendo, expresa con angustia en su documento digital.

La pretensión de los uniformados era desalojar a los universitarios que levantaron un campamento pacífico, situación que terminó en disturbios alimentados por los ataques con gas lacrimógeno y golpes a diestra y siniestra contra los estudiantes.

La llegada de las autoridades al alma mater fue reportada por los estudiantes a las 6:00 a.m., del viernes 23 de abril. Compartieron videos y fotografías en las redes sociales. Hacia las 11:15 a.m. de este viernes se reportaron disturbios en la Facultad de Artes Integradas, donde había sido instalado el campamento.


En vídeos y fotos que se hicieron virales, se denunció que los agentes del orden no escucharon peticiones para que se retiraran del campus y, tras acusarlos de ser izquierdistas revoltosos, los atacaron. Concejal de Cali, entre las víctimas.

 

EL ALCALDE SE CALLA Y LA GOBERNADORA ACUSA A LOS ESTUDIANTES

Tras comprobar la reacción de crítica y repudio de la ciudadanía, el Alcalde Jorge Iván Ospina guardó silencio y la Gobernadora, Clara Luz Roldán, invitó a la conformación de una mesa de concertación con el movimiento estudiantil. La mandatario dijo que siempre ha querido dialogar pero no bajo lo que ella considera son vías de hecho, desconociendo la brutalidad del accionar policial.  

De hecho, el jueves 22 de abril les pidió que desalojaran la Universidad del Valle tras tildar el campamento pacífico, como una acción delictiva. Los acusó de dañar chapas y de romper puertas. Desde su perspectiva, tenía enfrente era a vándalos y delincuentes y no a estudiantes que se encuentran debidamente registrados en la institución universitaria.

HABLAN LOS ESTUDIANTES

Voceros de los cerca de 50 estudiantes que realizaron el campamento señalaron a través de un comunicado emitido en días pasados que con su protesta buscaban exigir garantías académicas que se han visto afectadas durante la pandemia, como el desarrollo de prácticas en la presencialidad con todos los protocolos de bioseguridad y que la Universidad les facilite los equipos tecnológicos necesarios para que los estudiantes que no los tienen accedan a las clases virtuales.

Una andanada de ataques, igualmente, fue lanzada por el rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela, quien dijo que los jóvenes habían impedido el ingreso de estudiantes que iban a realizar sus prácticas, así como de funcionarios administrativos. Según los estudiantes, Varela estuvo a favor de la invasión del campus por parte de la fuerza pública. De hecho, por esa actitud, están pidiendo investigación por parte de las entidades de control.

En el texto de su comunicado señalaron que “el servicio de energía eléctrica en todo el campus universitario fue cortado, poniendo en riesgo a toda la comunidad que ahí se encontraba“. Igual el agua potable “imposibilitando la dignidad humana, así como la ejecución de los protocolos de bioseguridad, que incluye el lavado de manos“.

Denuncian que varios jóvenes fueron perseguidos por motocicletas o automóviles cada que salían del campus.

Los dejamos con imágenes cortesía de la Concejal Ana Erazo, que testimonian la arremetida policial en la Universidad del Valle, cortesía de la Concejal Ana Erazo.


Sugov08/29/2014

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Las organizaciones sindicales del Valle del Cauca elevaron su voz de protesta por los desmanes del ESMAD durante la pasada movilización pacífica de los obreros, movimientos populares y estudiantiles, en defensa de lo público, entre otros aspectos para impedir la desaparición de los Institutos descentralizados y una nueva masacre laboral en la Gobernación.

 



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El Sindicato Unitario de la Gobernación del Valle del Cauca-Diverso pero Unitario, es una Organización Sindical de Industria y/o rama de actividad económica de primer grado y mixta, que tiene en su seno a Servidores Públicos adscritos en los Niveles Central-Descentralizado, EICES-ESES-de Nivel Dptal. y Funcionaros de Educación planta FODE .


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