Doce líderes populares asesinados. ¿Se repetirá la historia?

Agencia IPC| Hace apenas cuatro meses, el 15 de septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio del partido político de izquierda Unión Patriótica y, refiriéndose al actual proceso de paz con la guerrilla de las FARC, expresó que esa historia no se puede repetir. Pero hoy el panorama es “macabro”. En los últimos cinco años han sido asesinados 129 miembros del movimiento político Marcha Patriótica según datos de esa organización[i].

La violencia contra líderes sociales y comunitarios de izquierda que vienen respaldando los acuerdos de paz con la insurgencia, principalmente en las zonas rurales, ha arreciado en meses recientes luego de la firma del acuerdo final de paz con las FARC, el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena.

No ha terminado el mes de enero de 2017 y ya han sido asesinados seis líderes, entre campesinos e indígenas: José Yimer Cartagena, líder de Marcha Patriótica en el departamento de Córdoba y vicepresidente de la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas; Olmedo Pito García, comunero Nasa del resguardo indígena Huellas de Caloto, integrante de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (Conpi), organización filial a Marcha Patriótica; Aldemar Parra, presidente de la Asociación Apícola de El Hatillo, en el departamento del Cesar; Moisés y Chogoló Mosquera, padre e hijo de la comunidad de Salaquí, Chocó; y Emilsen Manyoma, integrante de la Red Comunidades Construyendo Paz (Conpaz) y líder social del Bajo Calima en Buenaventura, quien fue asesinada junto a su esposo Joe Javier Rodallega[ii]; y Hernán Enrique Agamez Flórez, miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) asesinado en el corregimiento Tierradentro del municipio de Montelíbano.

Irónicamente el 18 de enero de 2017, en entrevista con RCN Radio, el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, manifestó que en Colombia “no hay paramilitares” y agregó que “hay asesinatos pero no son sistemáticos”.

La realidad parece ser otra. Sólo en Antioquia han sido asesinados doce líderes sociales, entre el año 2016 y lo que va corrido de 2017, según registros de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu).

Por ello, el vocero de Marcha Patriótica en Antioquia, Otoniel Higuita, rechazó la postura del Ministro de Defensa y así mismo del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien también “niega que exista una sistematicidad en los crímenes y una conexión entre ellos; cuando el patrón de comportamiento de todos estos asesinatos está mostrando las mismas características que se desataron a comienzos de los años ochenta contra el movimiento que se creó: Unión Patriótica. Ese es el escenario macabro y nefasto que se está configurando”.

Junto a los asesinatos, las amenazas de muerte pululan contra líderes que respaldan el proceso de paz y ejercen liderazgos en sus comunidades.

El norte de Urabá y sur de Córdoba son las zonas de mayor riesgo en el noroccidente colombiano. En esta región amenazaron a diez miembros de Marcha Patriótica luego de que asistieran al entierro de José Yimer Cartagena.

“Fueron amenazados cuando se transportaban de regreso a sus regiones. También hay amenazados en Ituango, Anorí y en Carrizal —Nordeste antioqueño, donde se instalará una zona veredal transitoria—”, explicó Higuita.

Igual suerte han corrido los miembros de la Federación Nacional de Paz, quienes han sido amenazados. En Urabá, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) difundieron un panfleto amenazando a la presidenta regional de Fenalpaz, Alcira Blanquicet, además de otros miembros de esa Federación en Urabá, Córdoba y Chocó, denunció León Fredy Muñoz, presidente de la organización en Antioquia.

Las agresiones preocupan, anotó Muñoz, porque ocurren contra organizaciones de base y “casualmente” en zonas donde habrá Circunscripciones Especiales de Paz, que permitirán a organizaciones sociales, de zonas afectadas por el conflicto, acceder a curules en la Cámara de Representantes con un menor número de votos.

“Entonces vemos como quieren sacar la gente que históricamente ha estado allá, que ha defendido los derechos humanos y a las comunidades, para ver cómo se meten ellos y de alguna manera logran acceder a esas 16 curules que proponen los acuerdos”, explicó el presidente departamental de Fenalpaz, advirtiendo que los agresores estarían conformando sus propias organizaciones sociales para participar así en las circunscripciones especiales.

Para Otoniel Higuita, la vitalidad del proceso de paz en Colombia está en los líderes campesinos, afros e indígenas que integran las organizaciones rurales. Por eso, la sistematicidad de las agresiones genera incertidumbres sobre lo que pueda pasar con la implementación de los acuerdos.

“Eso afecta muchísimo porque, por poner un ejemplo, hacia Anorí hay una propuesta en el punto cuatro del Acuerdo sobre erradicación de cultivos de uso ilícito. Son las comunidades las que, según lo acordado, entrarían a ejecutar todos esos proyectos de convertir esos cultivos en otros cultivos —lícitos—. Y si son comunidades amenazadas y que sienten los asesinatos encima, se van a desplazar o de entrada van a generar desconfianza total con el proceso”, explicó el vocero de Marcha Patriótica en Antioquia.

La situación se dificulta porque, según Higuita, en la medida en que las FARC van cumpliendo con el calendario de preagrupamiento y dejación de armas, “las fuerzas ligadas al neoparamilitarismo se vienen posicionando en estas zonas”.

Debido a esta situación, advirtió, se han conocido denuncias de que algunos miembros de las comunidades tienen la idea de armarse “porque al salir las FARC de los territorios hacia las zonas de concentración, al entrar nuevas fuerzas paramilitares que los están presionando y atenazado, y al no ver una protección real y efectiva del Estado a esas zonas, obviamente las comunidades se sentirían desamparadas”.

Sobre la situación de los líderes sociales en el país, León Fredy Muñoz opina que “lo curioso es que el Estado tampoco ha hecho lo propio para frenar todos estos asesinatos y amenazas, y para que la gente pueda sentirse tranquila en este proceso de paz”.

Y si algo marcó el exterminio de la UP —aparte de la connivencia entre algunos sectores de gobierno, políticos y Fuerza Pública con el paramilitarismo—, fue la omisión por parte de las distintas instituciones del Estado para brindar garantías a los miembros de este partido político.

Hoy, demandó Otoniel Higuita, “el llamado que hacemos es que a nivel de las máximas instancias gubernamentales: Ministerio de Defensa, Fiscalía y Procuraduría, haya un solo mensaje hacia estas amenazas y que haya el cumplimiento del mandato constitucional por la defensa y protección de la vida como un derecho fundamental”.

Por su parte, Luis Guillermo Pardo, gerente de paz de la Gobernación de Antioquia, expresó que “el asesinato de líderes sociales y políticos debe preocupar mucho al Gobierno Nacional. Y habría que diseñar una estrategia muy clara de protección de los líderes en esos territorios. Paralelamente copar los espacios dejados por las FARC, tanto con el Ejército como con las fuerzas policiales”.

Si el Gobierno Nacional y las instituciones encargadas de velar por la defensa de la vida y los derechos humanos no actúan a tiempo, y de nuevo se hacen los de la vista gorda, la tragedia de la Unión Patriótica estaría destinada a repetirse.

El primer líder de Marcha Patriótica asesinado fue Yeber Olbein Zapata Araujo, integrante de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia. Murió el 8 de septiembre de 2011, meses antes de que el movimiento político hiciera su lanzamiento oficial[iii].

El exterminio de la UP también empezó con asesinatos selectivos. El primer magnicidio ocurrió el 30 de agosto de 1986 en Barrancabermeja con la muerte de Leonardo Posada, quien había sido electo a la Cámara de Representantes. De los homicidios individuales se pasó a las masacres, como la cometida en Honduras y La Negra (Urabá, Antioquia) el 4 de marzo de 1988 que dejó 30 víctimas; y en Segovia (departamento de Antioquia), el 11 de noviembre de 1988 que dejó 46 víctimas como retaliación por el respaldo electoral de la población a la Unión Patriótica[iv]. Esa violencia cobró la vida de 503 miembros de ese partido según datos del informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica[v].

Repetir el exterminio, sería perder la oportunidad histórica de hacer política sin el uso de las armas y, posiblemente, equivaldría a continuar 50 años de un conflicto en el que han muerto 1.227 líderes comunitarios, 1.495 militantes políticos, 685 sindicalistas y 74 defensores de Derechos Humanos en el país, según cifras del ¡Basta Ya![vi].