SINDICATO UNITARIO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
NOSOTROSCONTACTO 11 Ago, 2022

Análisis

Sugov05/01/2022
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Compañeros trabajadores de diversas expresiones sindicales manifestaron apoyo a los pasacalles ubicados en buen número de puentes de Cali, alrededor de los cuales hay amplio tráfico, lo mismo que en las ciudades intermedias del Departamento.

Una vez más la histórica fecha del 1 de mayo, internacionalista y comprometida con la lucha de la clase trabajadora en todos los países, estuvo acompañada por la dirigencia y militancia del Sindicato Unitario de la Gobernación del Valle del Cauca—SUGOV—en el recorrido que inició en Comfandi El Prado, abordó parte de la autopista suroriental de Cali y concluyó en el emblemático barrio Obrero.

Nuestra presencia en las calles reafirma dos cosas: estamos comprometidos con las batallas que libran los estatales en procura de mejorar sus condiciones y, en segundo lugar, el compromiso decidido con quienes quieren reivindicaciones que hagan su desempeño laboral más digno.

Aprovechamos el recorrido para seguir en nuestro papel de denuncia del incumplimiento de la administración de la gobernadora, Clara Luz Roldán a los vallecaucanos, comenzando por el sector campesino al que tiene olvidado, pasando por los indígenas a quienes atropelló en dos ocasiones impidiéndoles el ingreso a territorio vallecaucano, la avanzada para privatizar el Ecoparque de Pance y, su indolencia frente a la crisis del Club de Empleados del Departamento que pone en riesgo la estabilidad de más de 30 trabajadores de planta y una decena de temporales.

Y por supuesto, no podemos olvidar que prometió obras, las que no cumplió porque las inauguraciones han recaído en las que financió la otrora gobernadora, Dilian Francisca Toro.

Compañeros trabajadores de diversas expresiones sindicales manifestaron apoyo a los pasacalles ubicados en buen número de puentes de Cali, alrededor de los cuales hay amplio tráfico, lo mismo que en las ciudades intermedias del Departamento.

Es nuestra voz que no puede callarse, después de la arremetida de censura que llevó a la vandalización de dos de los cuatro murales gigantes pintados por el SUGOV en los puntos cardinales de la capital vallecaucana.

Los dejamos con imágenes de nuestra participación en la movilización del 1 de mayo.


Texto y publicación web: Fernando Alexis Jiménez.

Fotografías: Paula Andrea Largo, Rómulo Ramírez y Yecid González.



Sugov04/24/2022
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Los vándalos enviados por “no se sabe quién” a borrar los murales del SUGOV donde denunciamos que la Gobernadora, Clara Luz González, no le ha cumplido a los vallecaucanos, deberán invertir muchos tarros de pintura, porque seguiremos elaborando estos enormes grafitis.

Al escritor inglés, Edward Bulwer-Lytton, se atribuye la frase: “La pluma es más poderosa que la espada” y, en la película Origen estrenada en el 2010, hay otra frase inspiradora del actor, Leonardo DiCaprio, quien en una de sus intervenciones asegura: “No hay nada más subversivo que sembrar una idea en la mente de las personas“. En esencia, las palabras trascienden más allá de la fuerza y quedan grabadas para siempre en los recuerdos. De allí, es difícil que las borren.

¿Y por qué el SUGOV acude a la reivindicación de las palabras como instrumento divulgador? Para rechazar el ataque vandálico del que fue blanco nuestra organización, cuando desarrolló la primera fase de la Acción Sindical “Por la dignidad vallecaucana”.

 

Estos son los murales que mandó pintar el SUGOV en lugares de mucho tráfico en Cali.

Una de las estrategias consiste en la elaboración de murales en lugares transitados de Cali. En medio de las coloridas imágenes, haciendo acopio del derecho constitucional que nos asiste de ejercer “control social a lo público”, denunciamos que la administración de la gobernadora, Clara Luz Roldán González, no le ha cumplido a los vallecaucanos.

Es cierto, inauguró obras. Sin embargo, son ejecutorias que dejó financiadas la entonces gobernadora, Dilian Francisca Toro. En pocas palabras, la actual mandataria está ganando “indulgencias con camándula ajena”.

Hay sectores abandonados de la presencia gubernamental. Un ejemplo: Buenaventura. Corregimientos tales como La Bocana, Juanchaco, Ladrilleros y sectores como La Barra y Punta Soldado, están sometidos a “cien años de soldad”, sin obras ni apoyo estatal de ninguna índole.

Igualmente denunciamos la situación del Club de Empleados del Departamento, cada vez más crítica y que afecta a los trabajadores, así como la avanzada de privatización del Ecoparque de Pance, entre otras.

Se pintaron cuatro murales de seis metros de ancho por 2.70 cm de alto.  Sin embargo, dos de los cuatro murales, fueron vandalizados. ¿Y quién los mandó borrar? Alguien a quien no le interesaban las denuncias. Como cantaba Jorge Sepúlveda: “Adivina, adivinadora… dime quién es…” o más sencillo aún: la frase que suele repetir el filósofo de Vijes: “Al que le caiga el guante, que se lo chante”.

¿QUIÉNES SON LOS VÁNDALOS?

La comunidad ante la acción aleve de los vándalos, les tomó fotografías e hizo llegar las placas del vehículo en el que se movilizaban. ¿Qué hacemos?, nos dijeron. Y nosotros, como sí respetamos el derecho a disentir, les dijimos: “Déjenlos que los borren. Al fin y al cabo, no son las únicas acciones y, para detenernos, tendrán que comprar muchas latas de pintura”.

Los dejamos con imágenes del momento en que eran vandalizados los murales sugovianos, imágenes que–insistimos–nos envió la propia comunidad

 

 


ppotes04/05/2022
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La Fiscalía presentó escrito de acusación contra un coronel, un teniente y un patrullero. Investigaciones continúan. Otros oficiales y agentes terminarían involucrados en nuevos hechos de violencia en protesta social.

Publicado originalmente en el Portal Seguimiento.Co


Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó escrito de acusación contra un coronel, un teniente y un patrullero de la Policía Nacional por algunos de los homicidios y casos de lesiones personales ocurridos durante las jornadas de protesta programadas en Cali (Valle del Cauca), en 2021.

Los uniformados estarían involucrados en distintos hechos y tendrían diferentes niveles de posible participación. Los acusados son:

Patrullero Wilson Orlando Esparragoza Corcho. De acuerdo con el material de prueba y la evidencia técnica obtenida, sería el responsable de disparar el proyectil que le ocasionó la muerte a un joven que participaba en las movilizaciones que se registraron frente al CAI Villa del Sur, en el sector Puerto Rellena, la tarde del 28 de abril de 2021.

El funcionario, al parecer, accionó el arma de dotación contra los manifestantes. Para la Fiscalía, la víctima se encontraba en indefensión y no era una amenaza inminente para las personas. Así que el actuar del funcionario habría sido desproporcionado y violatorio de los principios que deben acompañar a quienes salvaguardan el orden. En ese sentido, la acusación es por el delito de homicidio agravado.

Teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzaliaz. En su condición de comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) estaba a cargo de un componente de hombres que, supuestamente, disparó contra manifestantes y ciudadanos ajenos a las concentraciones sociales, en dos eventos diferentes.

El primero, sucedió el 30 de abril, en el barrio El Diamante. Aquí, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas. El segundo, se registró en inmediaciones del barrio Siloé, la noche del 3 de mayo.  Este hecho dejó tres muertos y dos heridos.

La investigación da cuenta de que el oficial, supuestamente, falló en el deber de dirigir y controlar a los efectivos de su unidad, y no tomó las medidas necesarias para evitar más víctimas. El escrito indica que sería el posible responsable de los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.

Coronel Edgar Vega Gómez. El oficial, en su momento, se desempeñaba como comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali. Adicionalmente, había sido designado como jefe de servicio y el encargado de orientar las acciones de sus subalternos para restablecer el orden, los días en los que se presentaron los eventos en los que estarían involucrados algunos integrantes del GOES, y por los que es procesado el teniente Mancilla Gonzaliaz.

El coronel Vega Gómez habría incumplido al compromiso institucional y constitucional de velar por la seguridad de los civiles participantes en las jornadas de protesta, y, presuntamente, no tomó los correctivos necesarios para evitar los excesos que se produjeron. De esta manera, es acusado por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.


ppotes02/02/2022
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Desesperado por ganar las elecciones, tanto en las corporaciones públicos como las presidenciales, el mandatario sin legitimidad, Iván Duque Márquez, se dio a la tarea de promover una feria de nombramientos. Son más de 1.400 cargos. Ocurre solo en Colombia.

Por Arlene Tickner, Catedrática Universitaria – Publicado originalmente en El Espectador

Entre los días sin IVA programados “coincidentemente” alrededor de las elecciones legislativas y de la segunda vuelta presidencial, los más de 1.400 nuevos cargos públicos creados antes de la entrada en vigencia de la (truncada) ley de garantías, revelados por Noticias Uno y los más recientes nombramientos hechos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es difícil no ver un intento vulgar por influenciar los resultados electorales mediante el uso de dineros públicos.

En el caso específico de la Cancillería, la feria de puestos diplomáticos no es atípica, tristemente, sino que constituye un patrón general del clientelismo en Colombia.

Todo presidente, sin distingo personal, ideológico o coyuntural, ha manoseado el servicio exterior para retribuir favores, asegurar lealtades y premiar familiares y amistades. Sin embargo, hay varios matices que distinguen al gobierno de Iván Duque.

Como ocurrió en tantos otros espacios de la gestión gubernamental, en los que primaron el bla, bla, bla y la mentira sobre la concreción de resultados, Duque hizo gala al inicio de su administración de la necesidad de despolitizar y perfeccionar el cuerpo diplomático colombiano.

Para esto, tanto él como su entonces ministro, Carlos Holmes Trujillo prometieron aumentar el porcentaje de embajadores de carrera más allá del mínimo establecido por el decreto 274 de 2000, equivalente a tan solo el 20%, reforzar los requisitos poco exigentes de experiencia para quienes se nombran por discreción presidencial, y reformar la Carrera Diplomática y Consular.

Nada de esto se materializó e incluso, la participación de funcionarios profesionales en cargos directivos se redujo a mínimos históricos.

La ráfaga de asignaciones provisionales realizadas en embajadas y consulados a pocos meses de las elecciones y del cambio de mando ejecutivo es impúdica en términos políticos y fiscales.

Cientos de millones de pesos devaluados deberán invertirse en el traslado e instalación de ida y regreso de tres nuevos embajadores y 17 funcionarios nombrados en otros cargos junto con sus familias, pese a que todos tendrán que renunciar prácticamente al aterrizar en sus destinos. Mención aparte merece la sede en Estados Unidos, en donde son siete los recién favorecidos, probablemente por la obsesión irrealista de Duque de concretar la cita con Biden.

Aunado a lo anterior, la mayoría de los designados en el extranjero y en la planta interna se destaca por una notoria falta de credenciales.

Además del polémico nombramiento de un joven abogado sin experiencia como director general de Protocolo, cargo esencial en el mundo de la diplomacia, quienes ocupan la Academia Diplomática, supuesto centro de formación y de pensamiento, la dirección de Derechos Humanos y la secretaria general brillan por su insuficiencia.

Igualmente, inquietante, como reporta Laura Gil en La Línea del Medio la célebre jefe de gabinete de Duque también ha agarrado funciones internacionales claves, incluyendo el acompañamiento de los viajes presidenciales, socavando el rol de la Cancillería y de sus profesionales de carrera.

Por más que los asuntos internacionales nunca ocuparán el centro del debate público en Colombia, la feria del aparato diplomático no puede seguirse ignorando, sobre todo en una coyuntura nacional tan crítica como la actual en la que la imagen del país y los réditos asociados a ella han sufrido un deterioro palpable. ¿Qué piensan los candidatos presidenciales al respecto?

NOTA IMPORTANTE: El presente artículo compromete solamente al autor ya que no necesariamente interpreta el pensamiento del movimiento sugoviano.


Sugov01/24/2022
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Aunque han pasado varios meses desde que solicitamos renovar el comodato de la sede del Sugov, ha sido imposible. Como el argumento de una telenovela. Definitivamente, increíble.

A Fernando Gaitán, el célebre libretista colombiano, sin duda le hubiera gustado escribir los capítulos de la telenovela –¿o será culebrón mexicano? —en que se ha convertido la renovación del comodato para el Sindicato Unitario de la Gobernación del Valle del Cauca—SUGOV–.

Primero, debíamos suministrar copia del depósito ante el Ministerio del Trabajo de la Junta Directiva en la que realizamos rotación de cargos. Lo hicimos. Hasta allí, bien.

El segundo capítulo que amalgama sentimientos como la sorpresa, la frustración, la rabia, la desolación, en fin, todo aquello que despierta un novelón, es que ahora, dilatando la decisión, elevarán consulta ante el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico.

¿El motivo? Nuestra sede, otorgada en comodato hace muchísimos años, está en el Edificio San Luis. Es un bien público histórico. Entonces desean saber si un sindicato puede funcionar allí. ¡Válgame Dios!

Nos preguntamos si eso mismo ocurre con los diputados o quizá con Fondesarrollo o con la asociación de jubilados del Departamento o, simplemente, es porque se trata del SUGOV. ¡Tan queridos ellos! Detalle de fina coquetería que no nos permite salir de nuestro asombro!

A las otras organizaciones sindicales les han renovado sus comodatos sin problemas, ¿por qué con nosotros está pasando esta situación? ¿Será porque somos una piedra en el zapato para la Administración? ¿Acaso no se está violando el derecho a la equidad?

Ahora, nos gustaría ver las autorizaciones para las modificaciones que le han hecho a la estructura del edificio de San Luis: la fuente de agua, el espacio donde están las sillas para sentarse en la pequeña plazoleta, las imágenes de los diputados muertos en medio del conflicto armado, la recepción y algunas de las oficinas.

Reafirmamos la disposición de irnos a despachar desde la Plazoleta de San Francisco, con un escritorio, una silla, un archivador y una cabina de sonido gigante para denunciar lo que, desde nuestra perspectiva, es una arbitrariedad.

¿Y LAS CABAÑAS DE LADRILLEROS? SE ESTÁN CAYENDO…

Lamentable. Las cabañas de Ladrilleros, en Buenaventura, se están cayendo a pedazos. Y decimos que lamentable, porque nos pertenecen a los empleados. Son de todos. Y también de usted que está meneando la cabeza mientras dice: “No te lo puedo creer.”

Causa grima porque se han deteriorado pese a que hay recursos presupuestados. Y por la magia del birli-birloque, cada año el presupuesto se esfuma o lo trasladan.

Las cabañas las necesitamos para ir con nuestras familias cuando nos encontremos en períodos de vacaciones o un fin de semana. Les invitamos a ver las fotos. Una imagen vale más que mil palabras. 

YA EL PORTAL DEL SUGOV ESTÁ DE NUEVO AL AIRE

Una vez más nos sabotearon el portal del SUGOV https://sugov.co Entendemos que nuestros contenidos, que son de denuncia y no lambiscones (cualquier parecido con algún otro sindicato es mera coincidencia) ni a favor de la Administración, despiertan escozor.

El sábado, después de varias horas de trabajo, se recuperaron la totalidad de las publicaciones y los archivos. No nos van a callar. Quien quiera que sea que está promoviendo estos asaltos informáticos, como dice el filósofo de Vijes: “Taca burro”, es decir, pierde el tiempo.

Y, para terminar, las preguntas fregonas:

… ¿Sabía que desde la Biblioteca Departamental se quejan los empleados porque no tienen servicio funerario?

… ¿Sabía que hay dos compañeras, una de salud y otra que estaba en planeación, que han sido blanco de los ataques de la Administración? Lo último que les recomendaron fue bañarse con riegos de albahaca, ruda y siempreviva, porque se las tienen al rojo

… ¿Sabía que desconocemos porque en una Administración que lidera una mujer, la gobernadora, Clara Luz Roldán, a las mujeres no les ha ido bien?

… ¿Sabía que también estamos viviendo un telenovelón para sacar los permisos sindicales?

… ¿Sabía que a algunas de nuestras cartas les ponen reparos, hasta por lo más mínimo? Ay, bendito, lo que hay que ver y oír…

No se olvide visitar nuestro Portal https://sugov.co antes que el hacker desocupado, sinvergüenza y caradura–como dicen los argentinos–, vuelva a tener la inquietud de sacarlo del aire…


ppotes12/28/2021
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La Ley incluye reformas al Código Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio y a la Regulación de armas, entre otros.

Por Horacio Duque, analista político

El Congreso de Colombia, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa expidieron una Ley de supuesta seguridad ciudadana que en realidad es un estatuto para establecer una serie de disposiciones e instituciones que remodelan el régimen político para establecer a plenitud una dictadura neonazi que permita aplastar los movimientos sociales y las organizaciones políticas opositoras al Estado oligárquico colombiano e impedir el acceso al poder del Pacto Histórico y su candidato Gustavo Petro.

La Ley incluye reformas al Código Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio y a la Regulación de armas, entre otros. Se trata de un compendio de normas que legalizan prácticas criminales oficiales, neo paramilitares y de particulares. Es un licenciamiento para matar; una aberrante salida fascista del gobierno uribista.

La Ley de seguridad del sub presidente Duque es la repetición de la Ley de los Caballos de la hegemonía conservadora (1886-1930), del régimen chulavita del corporativismo falangista de Laureano Gómez (1950-1954), de la dictadura militar de Rojas Pinilla, del Estado de sitio del Frente Nacional, del Estatuto de seguridad de Turbay Ayala y su sistema de torturas (1978-1982) y de la seguridad democrática uribosantistas (2002-2014), con sus “falsos positivos”, 9 millones de desplazados y las masacres de campesinos.

Es pues la continuidad de la línea de violencia y represión conservadora como elemento estructural del Estado oligárquico colombiano

Esta Ley es una recomposición regresiva y oscurantista del sistema de dominación oligárquico colombiano frente a la potente movilización social registrada en Colombia desde 2019 para exigir la eliminación del modelo neoliberal, la implementación de los acuerdos de paz, la protección de la vida de miles de líderes sociales y excombatientes de las Farc y el fin de las masacres en las que la policía se convirtió en actor central como lo acaba de demostrar varios informes de organismos internacionales de los Derechos Humanos.

La Ley de seguridad de Duque es un esquema neonazi que convierte en delincuencia las protestas sociales y las movilizaciones populares para lo cual tipifica un conjunto de delitos con penas que rayan en la cadena perpetua, establece la plataforma del neo paramilitarismo urbano con la argucia de la “legítima defensa privilegiada” e impone el libre mercado para administrar el régimen carcelario y penitenciario.

Se trata de una Ley de guerra plagada de clasismo y racismo, la cual establece que si una personas es objeto de un atraco en locales comerciales o en vehículos, puede detener el ataque a punta de bala.

Así, con la “novedosa” Ley se da vía libre a la imposición de la pena de muerte para saqueos, atracos y jaladores de vehículos, aceptando que Estado que es incapaz de combatir la delincuencia y la solución que tiene es la de armar a determinados grupos de personajes como lo pudimos observar recientemente con la situación del pistolero caleño Andrés Encobar quien acompañado por la policía y protegido por esta disparo contra los integrantes de la Minga que realizaban sus protestas en la capital del valle del Cauca. Esta Ley se mueve con la idea de que el Estado se apoye en ciertos particulares violentos para supuestamente garantizar la seguridad de las comunidades.

Esta Ley aprobada a las carreras al final de la actual legislatura tiene un propósito político que difícilmente se puede ocultar; todo apunta a golpear la campaña electoral de la Oposición democrática que realiza el Pacto Histórico y su candidato presidencial Gustavo Petro con amplia acogida entre la opinión y muchas posibilidades de acceder a la Presidencia. En Colombia los periodos electorales son los más violentos de su historia, pero esta Ley anuncia un infierno para imponer a plomo y fusil el candidato de la ultraderecha que señale el gran capo del fascismo colombiano (Matarife).

Con la Ley de seguridad desde la Presidencia quieren favorecer los candidatos del Centro democrático y de las otras facciones de la ultraderecha con varias listas al congreso y con pre candidatos presidenciales en las consultas que se adelantaran el 13 de marzo del 2022.

Siendo así es necesario considerar acciones internacionales de denuncia desde la Oposición y procesos de movilización popular que hagan retroceder estas salidas del totalitarismo fascista colombiano.

NOTA IMPORTANTE: El presente artículo fue tomado de portales internacionales de noticias por la actualidad de su contenido y análisis del devenir nacional. Lo que está escrito allí, compromete al autor y no al pensamiento sugoviano.


ppotes12/22/2021
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Ya este presidente se fue así: torpe, mediocre y de espaldas a una generación que en vez de aplaudirlo lo abuchea, se burla de él y le prepara muchos Años Viejos en todo el país para quemarlos como la peor pesadilla que padecieron en este 2021.

Por Raúl Ramírez, periodista.

Cuando Giovanni Jurado, más conocido como Eko, interpeló en el espectáculo que Duque tenía montado en Cali, el rostro de los acólitos del presidente se desencajó.

“Presidente, ¿Usted cuándo va a reconocer a las víctimas del paro? ¿Por qué tiene un proyecto de Ley que reprime con pena de muerte la protesta social? ¿Cómo va a garantizar que las elecciones del 2022 no nos la van a robar?”, interrogó fluidamente el joven que hace ocho meses, con centenares más, protagonizó uno de los estallidos sociales más potentes que se hayan registrado en la ciudad, y que ayer estaba sentado en el auditorio en calidad de recién electo Consejero Municipal de Juventud.

El presidente, el más joven que haya tenido el país, empezó por lo último: comparó el proceso electoral del próximo año con las elecciones realizadas el pasado 5 de diciembre donde se eligieron los Consejeros Municipales de Juventudes; uno de ellos, su interpelador. Es decir, para Duque es tan similar la elección presidencial como las de los CMJ. En ellas se juegan los mismos intereses, el mismo botín, la misma burocracia. ¡Vea pues!

“¿Tú sentiste irregularidades en la que te eligieron? ¿pusiste la demanda? ¿porqué no la pusiste?“, acosaba, preguntaba y se contestaba el presidente, como si no viviera en este país.

Sobre los 48 jóvenes asesinados en Cali, se fue por las ramas: “Aquí no permitimos la violencia contra los manifestantes“, declaró sin aclarar por obra y gracia de quién en la ciudad se cometió ese genocidio, y porqué los civiles y policías que dispararon contra los jóvenes y los indígenas siguen sin ser judicializados y se pasean por campañas electorales de su partido.

Duque alardeaba de su poder en el escenario, sin notar que -antes que a un Estadista- sus respuestas reflejaban la pequeñez de sus ideas y la poca estatura ética y moral de quién arrastrará toda su vida esos crímenes.

Duque creía estarle hablando a un jardín infantil y no a los jóvenes que vivieron en carne propia las consecuencias de sus políticas, jóvenes que vieron caer a su lado a otros muchachos que reclamaban salud, educación, comida y diálogo; y que a cambio recibieron un disparo de fusil.

Ya este presidente se fue así: torpe, mediocre y de espaldas a una generación que en vez de aplaudirlo lo abuchea, se burla de él y le prepara muchos Años Viejos en todo el país para quemarlos como la peor pesadilla que padecieron en este 2021.

En el 2022 estos muchachos tienen la palabra.

 


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Si algo quedó en evidencia durante el Paro Nacional, es que los medios tradicionales de información, asumieron la tarea de difundir mentiras a favor del gobierno nacional, mientras que los medios alternativos, enfrentaron la “censura oficial”.

Por Fernando Alexis Jiménez | Dirigente sugoviano.

(Ponencia ante el Encuentro de Periodistas en Caracas, Venezuela, con participación de medios alternativos latinoamericanos)

Uno de los bastiones de la democracia, en un país que se precia de serlo, se fundamenta en la libertad de expresión. Sin embargo, Colombia mostró lo contradictorio e incoherente de su discurso, el mismo que aviva en diferentes escenarios internacionales, porque durante los meses que duró el Paro Nacional, se registraron agresiones, detenciones y destrucción de material de 300 comunicadores, principalmente de medios alternativos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Colombia, denunció que los periodistas fueron víctimas de agresiones durante los dos meses de intensas protestas sociales en  el país –mayo y junio–, de las cuales se han podido documentar unas 260 hasta el momento. Se estima que, tres de cada cinco agresores, pertenecían a la fuerza pública. Su intervención, al margen de como debería ser una intervención legal, la amparaban en presuntos aspectos de “seguridad”.

Los lugares donde se presentaron los principales puntos de resistencia de la protesta, como Bogotá (73), Valle del Cauca (45), Antioquia (36) y Cauca (18), se convirtieron, también, en escenario de mordaza a derecho constitucional a informar y ser informados.

El 1 de julio, el senador Iván Cepeda Castro, trinó en su cuenta de Twitter: “Miembros de la Fuerza Pública son responsables de 3.455 agresiones a manifestantes en Colombia. Al menos 44 de los asesinatos sucedieron a manos de los uniformados. Conozcan aquí otras cifras reveladas por Temblores ONG e Indepaz.” Entre los afectados, se encontraban comunicadores populares.

La Voz de América (VOA) visibilizó, en el mes de julio, este delicado asunto al señalar que “Seis periodistas son agredidos cada día en Colombia en el marco de las protestas”. Las agresiones a los medios alternativos se convirtieron en parte del escenario cotidiano en un país en el que, los tres o cuatro medios que monopolizan la información, vendían al mundo entero la imagen de un país sitiado por las movilizaciones, pero desconocían la realidad interna: el estallido fue la consecuencia apenas natural, de la inconformidad acumulada por espacio de muchos años; de ahí que las expresiones de protesta fueran superiores a las del histórico Paro del 14 y 15 de septiembre de 1977.

Las intervenciones del Esmad fueron de una brutalidad sorprendente.
Las intervenciones del Esmad fueron de una brutalidad sorprendente.

PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD DE LOS MEDIOS TRADICIONALES

A fuerza de repetir lo mismo, los medios tradicionales en Colombia (radio, prensa y televisión), buscaban promover una realidad distinta a la que se vio en las calles. Bajo la batuta de Iván Duque Márquez, quien pasará a la historia como un presidente que empaño la democracia para imponer una dictadura, se asumió la táctica de la ilusión de la verdad, como se le conoce en psicología.

No es otra cosa que la estrategia nazi de propaganda, atribuida a Joseph Goebbels, y que gira alrededor de la premisa: “Repite una mentira con suficiente frecuencia, y se convierte en verdad“.

Pese a ello, a su empeño las veinticuatro horas del día, infinidad de colombianos optaron por los medios alternativos, los mismos que por meses y años pasaron desapercibidos en ciudades y municipios.

Me refiero a los blogs, redes sociales, emisoras comunitarias e, incluso, espacios donde habitualmente se escribían grafitis. Durante el Paro Nacional y, frente a la censura mediática, se convirtieron en instrumentos para socializar información. No obstante, en algunos casos como las transmisiones en vivo, a través de Redes Sociales, se evidenciaron “bloqueos de señal” muy cerca donde los uniformados de la policía arremetían con la los jóvenes de la “primera línea” y diferentes expresiones populares. ¿Quién lo haría? Todos saben la respuesta y no viene al caso, porque es un hecho que los colombianos repudiaron.

PERIODISTAS AMENAZADOS DURANTE EL PARO

Varios comunicadores populares del país, fueron amenazados y, otros, agredidos brutalmente, al tiempo que destruían sus cámaras y grabadoras. Un caso relevante, el de José Alberto Tejada, del canal 2 de televisión en Cali, en el mes de junio. Denunció amenazas, ya que transmitía en directo las protestas.

Periodista José Alberto Tejada, amenazado durante el Paro Nacional

En uno de sus en vivo, el comunicador denunció que un uniformado le dijo: “Está bueno como para pegarle un tiro”.  Los hostigamientos contra él y su equipo, prosiguieron.

En Medellín un periodista del Portal de noticias LaDirekta, fue duramente agredido. Sus equipos fueron destruidos. Los hechos ocurrieron en el sector de Moravia el 28 de julio del 2021.

PRESENTE Y FUTURO DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS

La realización del Paro Nacional evidenció que los medios alternativos son, hoy por hoy, la única vía para estar informados, al margen de los datos amañados que suministran radio, prensa y televisión, adeptos al sistema.

Es evidente, además, que han surgido nuevos vehículos de información, y la idea es que sigan emergiendo. Nada mejor para que la realidad no quede encriptada, a conveniencia del gobierno de Duque. Sin embargo, el quid del asunto radica en las garantías que requieren los periodistas para informar libremente.

En ese orden de ideas, es claro que se requiere una intervención de organismos de prensa internacionales que ayuden a garantizar el respeto del gobierno nacional al derecho constitucional de informar y ser informados… Si es que nos dejan vivir… 


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El SUGOV llegó a su aniversario número once. Una fecha especial que coincidió con la movilización social en el país. Ocasión para reafirmar nuestro compromiso con la lucha obrera.

Por Fernando Alexis Jiménez | Dirigente sogoviano

Los once años del SUGOV tuvieron una singular coincidencia: la movilización gigantesca de los trabajadores que inició en la sede del SENA, en Salomia, y concluyó frente a las instalaciones de la Regional del Trabajo, en la avenida de Las Américas.

La Alcaldía de Cali, como siempre, con sus pronunciamientos ramplones y destemplados, dijo que sólo participaron 800 representantes de la clase obrera.

El desplazamiento estuvo enmarcado en la cultura ciudadana, en la tolerancia y el respeto. No hubo bloqueos, tuvimos una marcha que llegó casi a 900 personas diciendo lo que les disgustaba. No hubo necesidad de utilizar la Fuerza Público, no hubo ningún evento que lamentar“, aseguró Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali. Por supuesto, su perspectiva es la de milico en retiro, a quien toda expresión de protesta social, le produce urticaria.

En Puerto Resistencia se realizó otra concentración. Como siempre, en esa zona del oriente caleño, con amplia participación ciudadana.

Miembros del ejecutivo de la CUT Valle

 

UN ESTADO DE ALERTA PROVOCADOR

La administración del Alcalde, Jorge Iván Ospina, realizó el martes 19 de octubre, un Consejo de Seguridad, en el cual y tal como lo registra la seudo-revista Semana (porque hay quienes opinan que es un pasquín uribista), se declaró en “alerta por lo que pudiera ocurrir”.

Compañeros Álvaro Ruíz Erazo y Yecid González, participando en la movilización del 20 de octubre

De acuerdo con su pronunciamiento, estarían alerta para proteger las estaciones y los buses del MIO, con lo cual, confirma la posición que lo ha caracterizado, de satanizar la protesta social. Pero se quedó viendo un chispero, porque todo transcurrió en el marco de la normalidad, sin que esa normalidad, por supuesto, deje de evidenciar la inconformidad del pueblo con Duque y su dictadura.

En consonancia con sus temores, militarizó la ciudad. Fueron 1600 agentes de policía y 320 del ejército. Temía un nuevo alzamiento. ¡Lo que hay que ver y oír, definitivamente!

EL ESMAD ACANTONADO EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE

Pero la gobernadora, Clara Luz Roldán González, no se le quedó atrás. Acantonó el Esmad en el Palacio de San Francisco, como ha sido su costumbre. ¿Por las protestas? No, claro que no. Trajo a los alegres muchachos del escuadrón móvil anti disturbios, porque el Sindicato Unitario de la Gobernación del Valle—SUGOV—celebraba sus once años, un aniversario que no íbamos a pasar de agache.

No sabemos qué pensaba la funcionaria. Y lo que hicimos así de subversivo o clandestino, fue presentar el grupo musical Viento y Madera (que interpretó canciones sociales) para recibir a los compañeros empleados y contratistas, y entregarles a todos un detalle. Fueron más de mil ejemplares de bolígrafos de lujo, estampados con el logo del SUGOV. Es nuestra forma de compartir con todos, sin odiosas distinciones, la alegría de cumplir once años al frente del cañón, en defensa de la clase trabajadora.

Fue una jornada maravillosa. Emocionante, si queremos ser más específicos. Recibimos muchas voces de aliento. La solidaridad flotaba en el ambiente. “Ustedes han luchado por todos nosotros, le han puesto el pecho a la brisa. Gracias, compañeros”. Fue una expresión recurrente que escuchamos en todos.

Tras entregarles un detalle del SUGOV, les reafirmamos a los agentes del Esmad: “Aunque tengan uniforme, ustedes son parte de nuestro pueblo.” También por ellos luchamos, porque son pueblo precarizado.

HASTA LOS COMPAÑEROS DEL ESMAD RECIBIERON SU DETALLE

Es cierto, sabemos que el Esmad reparte garrote con generosidad en la protesta social. Pero más allá de su uniforme de robocop, que resulta intimidante, para nosotros, son clase trabajadora. De hecho, funcionarios explotados a quienes, desde un escritorio, los altos oficiales les dan la orden de arremeter contra su propio pueblo, el mismo pueblo al que ellos pertenecen.

A ellos les dimos su detalle sugoviano. Lo guardaron furtivamente. “Lo vamos a usar, téngalo por seguro”, nos decían.

Incluso, se tomaron una foto con algunos de los dirigentes del SUGOV. Una foto para la historia que reafirma nuestro convencimiento de que ellos, desde nuestra perspectiva, son pueblo precarizado, hombres y mujeres que, al término de su jornada, regresan a casa y, al día siguiente, hacen fila en un supermercado, pagando altos costos por los alimentos. Al fin y al cabo, también golpeados por la dictadura de Duque.

En el marco de los 11 años del SUGOV, rendimos homenaje al compañero Álvaro Ruíz, uno de los fundadores de nuestra organización.

HOMENAJE AL COMPAÑERO ÁLVARO RUÍZ ERAZO

El 20 de octubre fue memorable. Celebramos once años de lucha ininterrumpida y comprometida con la clase trabajadora, pero, también, de aporte a la generación de conciencia alrededor de lo que somos: un pueblo explotado que debe despertar del marasmo y levantar su puño en alto para decir: “Basta ya de sometimiento”.

En el marco de este aniversario, se hizo un reconocimiento especial al dirigente y fundador sugoviano, Álvaro Ruíz Erazo. Un batallador de la clase obrera. Se formó inicialmente como economista en Colombia e hizo su especialización, por espacio de ocho años, en Cuba.

Y aunque le fue doloroso irse de La Habana, de las tardes de brisa junto al malecón de ocho kilómetros que bordea la ciudad y recibe como un abrazo gigantesco las olas del mar y el rumor de aguas embravecidas que traen desde tierras lejanas las voces de admiración por la lucha que han librado, Álvaro decidió regresar a su patria, a combatir ideológicamente desde otra trinchera: el sindicalismo clasista.

Álvaro Ruíz, primero en la margen derecha y enarbolando su brazo empuñado, ha sido un líder comprometido con la defensa de la causa obrera.

Desde su vinculación como profesional en la Gobernación del Valle del Cauca, Álvaro ha sido un defensor de la causa del pueblo, de los marginados, de los sin-techo, de los desempleados. Y fue, a la sazón, uno de los gestores del SUGOV porque no compartió—junto con quienes le acompañaron en esa gesta—la actitud sumisa del sindicato de siempre, el de marras, en el que su presidente siente orgullo de posar con el gobernante de turno, mientras que a los afiliados les habla con un discurso acomodado.

Álvaro Ruiz Erazo está en la antesala de su retiro tras entregar gran parte de su vida a la función pública. Pero ninguno de nosotros quiere que pase desapercibido su aporte al sindicalismo, porque como diría el coplero de los llanos venezolanos, Rafael Martínez, Álvaro es un “amigo sin condición, con trago y fuera de tragos”. Es decir, alguien en quien se puede confiar siempre.

Lo ocurrido el 20 de octubre lo llevaremos siempre en el corazón, porque once años de lucha, no se cumplen todos los días…


ppotes09/15/2021
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El próximo 16 de septiembre la Fiscalía llamará a juicio al mayor Jorge Mario Molano, quien está suspendido. Será acusado por homicidio pues, según los cotejos periciales, todo indica que le disparó al joven Santiago Murillo en Ibagué sin que fuera necesario y desconociendo todas las directivas para el uso de armas. La defensa del policía sostiene que es inocente.

Tomado de El Espectador 

A las 2:40 de la madrugada del pasado 2 de mayo, el mayor Jorge Mario Molano (suspendido por la Policía) entregó su arma de dotación. Lo hizo en las instalaciones de la Fiscalía de Ibagué, horas después de que el joven Santiago Murillo, de 19 años, cayera baleado por un disparo que le perforó el corazón en la calle 60 con carrera 5 de la capital del Tolima. La pistola en manos de Molano, con serial SP 0169540, es una de las pruebas con las que la Fiscalía va a llevar a juicio al policía, pues el registro coincide con el proyectil encontrado en el hombro de la víctima, un joven quien no participaba del paro nacional y quien en su última noche regresaba de la casa de su novia.

El Espectador conoció el escrito de acusación en contra del suspendido mayor Molano que la Fiscalía preparó para el juicio que iniciará el próximo jueves 16 de septiembre. El policía asistirá a la audiencia desde la cárcel Picaleña (Ibagué), pues está preso preventivamente. En el documento, el ente investigador expuso su hipótesis sobre el homicidio de Murillo, basándose en informes periciales, documentación de investigadores de policía judicial y un total de 39 testimonios. Se trata del primer llamado a juicio por los homicidios atribuidos a miembros de la Fuerza Pública en el pasado paro nacional, los cuales podrían ser hasta a 77, según Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Entre los fundamentos de la acusación, se describe que el pasado 1 de mayo, sectores sociales convocaron a movilizaciones en Ibagué. En la calle 50 con carrera 5, a eso de las 8:20 p.m., se presentaron desórdenes y algunos manifestantes lanzaron piedras contra miembros de la Policía y las instalaciones de una tienda Panamericana. “La situación es conocida por Jorge Mario Molano, quien para el momento de los hechos, fungía como comandante del CAI Norte o estación Norte, y el teniente Andrés Parra, adscritos a la Policía Metropolitana de Ibagué. Los dos oficiales se ubican en la calle 60 con carrera 6, en donde en dicha esquina desenfundan sus armas de dotación en ese primer momento y cada uno realiza detonaciones hacia el piso y al aire”, señala la Fiscalía.

UN BUEN MUCHACHO, ASEGURA SU FAMILIA

Miguel Murillo, su papá, lo recuerda como un muchacho querido por sus amigos, por su familia, por las mamás de sus amigos, por todos los que estaban a su alrededor. “Era un pelado educado, juicioso, sociable, una persona responsable, era un excelente niño”, relató y añadió que Santiago solía pasar mucho tiempo en la casa y que cuando salía, por lo general era con él a montar en bicicleta o con su novia Estefanía, y que, de vez en cuando, iba a la casa de su tía.

La policía representada en el Esmad, reaccionó violentamente ante la protesta social en Ibagué. Resultó muerto, en las movilizaciones, el joven Santiago Murillo.

Aunque algunas versiones previas señalaron lo contrario, el papá de Santiago dice que su hijo no participó en las protestas. Aunque se acercó a una zona de manifestaciones, quizá por curiosidad, Miguel tiene la certeza de que su hijo no estaba manifestándose ni mucho menos lo hizo lanzando piedras o con violencia, algo que de cualquier forma no justificaría, si es que así ocurrió, que recibiera un disparo de un integrante de la Policía.

“Él no era de las personas que participan en esas cuestiones. Yo soy hincha del Tolima, pero nunca le inculqué eso, porque a la edad de ellos me daba miedo que de pronto él pudiera ser parte de ese grupo”, explicó Murillo, quien resaltó que apoya las protestas y exigencias ciudadanas, pero jamás el vandalismo y los disturbios. “Ni yo, ni Santiago, nunca le di la educación para que hiciera eso”, explicó.

UN ASESINATO DE LA POLICÍA

Miguel Murillo pidió que termine la violencia y agradeció a todos los que han marchado por su hijo y le han dedicado homenajes. “Pero eso no me lo va a devolver, lo que quiero es que esto no se repita (…) que todo se resuelva y que no quede impune, porque eso fue un asesinato de mi hijo por parte de un policía”, sostuvo.

A pesar de la situación descorazonadora de Miguel, después de la pérdida de su único hijo, los trámites no dan espera. Estuvo toda la mañana en la Fiscalía y le informaron que la investigación ya está avanzando, pues solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Además, el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, también se acercó a él y le prometió que su gobierno se esforzará para que no haya impunidad en el caso.



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