SINDICATO UNITARIO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
NOSOTROSCONTACTO 20 Mar, 2023

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EL sacerdote jesuita Javier Giraldo, dedicado a la defensa de los Derechos Humanos, y acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habló sobre las amenazas a ese corregimiento, la captura de Otoniel y el balance del Acuerdo de paz .

Nota publicada originalmente en el Diario El Espectador

Javier Giraldo pasa al teléfono con la voz más apagada a causa de una gripa que lo afectó los últimos días del año. Contesta desde el Urabá, donde acostumbra a pasar la Navidad junto a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fundada a finales de los noventa en una pequeña localidad rural de Apartadó (Antioquia), y una causa que él acompaña y que ha resistido las embestidas de todos los grupos armados de la región.

El padre Javier, como se lo conoce de forma coloquial, ha sido un referente en la defensa de los Derechos Humanos en el país desde que en la década del ochenta encabezó la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Autor de varios libros sobre el conflicto armado, Giraldo fue muy crítico con el proceso de paz con los paramilitares y ahora muestra sus reparos a los acuerdos de La Habana, a los que según él despojaron de “toda su fuerza”. Colombia+20 conversó con el padre Giraldo la última semana de diciembre de 2021 sobre este y otros temas.

A cinco años de los acuerdos de La Habana, ¿cuál es su balance?

Creo que no se tocó ninguna de las raíces de la violencia en Colombia. En primerísimo lugar el problema de la tierra, pero también estaba el problema de la democracia y todo el problema de la manipulación mediática. Nada de eso se tocó en los acuerdos. De como se desarrolló el acuerdo de paz yo hice un cierto seguimiento los primeros años y saco una evaluación muy negativa de todo.

Entre lo firmado en La Habana en septiembre de 2016 y lo firmado en Bogotá después de pasar por Cartagena, hay unas diferencias enormes. Después vino el paso por el Congreso, que fue fatal. El Congreso y la Corte Constitucional metieron la mano y creo que le quitaron todos los dientes que el acuerdo podía tener, o lo que quedaba, porque ya lo habían despojado de toda su fuerza. Es muy distinto a lo que se pensó en La Habana.

Algo positivo es que casi 13.000 hombres y mujeres que estaban en armas ya no lo están…

Sí, pero han asesinado a muchos de ellos. Es como una constante de todos los acuerdos de paz anteriores: primero, no se tocan las raíces del conflicto; segundo, se asesina a los que se desmovilizan; tercero, se reciclan siempre los factores de la guerra y termina reciclándose la guerra.

El país rechaza los asesinatos de líderes sociales, por el simple hecho de apoyar el proceso de paz.

¿Qué ha cambiado en la situación de violencia y amenazas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó?

Mirando un poco más atrás la situación comenzó a modificarse, aunque no con cambios sustanciales, desde la desmovilización del año 2016 porque se fueron estos grupos de las Farc que hacían presencia, pero el paramilitarismo fue tomando control de todas las veredas. Hoy en día ya todas las veredas del corregimiento tienen un control mediante presencia de por lo menos una persona o una familia que ellos llaman “puntos”, que es propiamente un sistema de espionaje.

Ellos convocan permanentemente asambleas de juntas de veredas, ponen sus puntos de vista sobre la agricultura, qué se puede sembrar, qué no se puede sembrar, ponen impuestos ilegales, imponen su modelo de desarrollo, que es antiecológico y va en contra de todo lo que la comunidad ha pensado siempre. En esas asambleas de veredas lanzan amenazas y quieren dejar siempre sentado que ellos son la autoridad de la región.

Nadie se puede oponer a ellos. Todo el mundo se tiene que someter y el que no se someta pagará las consecuencias. Hasta ahora no han obligado a la Comunidad de Paz a asistir a esas asambleas, pero cada vez la presión y la amenaza es más fuerte. Las respuestas que da el Gobierno y las Fuerzas Armadas a todas las quejas que la comunidad le transfiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre son evasivas diciendo “no sabíamos, no estábamos presentes en la zona” o “vamos a investigar” y nunca se investiga, así va avanzando este tipo de control.

El padre Javier Giraldo expresa su preocupación por el desarrollo de los acuerdos de paz.

Otoniel dijo que lo suyo fue una entrega y además que busca una negociación de paz con el gobierno, ¿qué opina de ambas afirmaciones?

Creo que es muy ambiguo. Pocas personas en Colombia se tragaron esa versión de la captura de Otoniel, eso fue una obra de teatro demasiado mal preparada. La presencia del Clan del Golfo ha sido ciertamente de un paramilitarismo coordinado y articulado con la Fuerza Pública. Entre octubre y diciembre en la región del Chocó y el norte de Antioquia hubo tal agresión de los paramilitares coartando todas las actividades, incluso religiosas, que hubo misiones de verificación en las que participaron varios obispos, organismos internacionales y humanitarios.

Esas misiones sacaron unos comunicados muy fuertes y resulta que el Ministerio de Defensa está enfurecido contra la Iglesia por esa denuncia y exigió retractación por una de las afirmaciones que aparecen en esas denuncias: la que decía que hay síntomas de que el Clan del Golfo y el Ejército están actuando conjuntamente.

El Ejército está enfurecido exigiendo retractación, pero uno se pregunta, ¿qué pruebas van a exigir? Si quienes estuvieron en estas misiones escucharon el testimonio de la gente que ha vivido en carne propia las cosas terribles que están haciendo los paramilitares. Las mismas religiosas que están en esas zonas rurales les decían “aquí está la base militar y a pocos metros está la base paramilitar”. ¿Cómo van a negar que están actuando juntos?.

Hay una connivencia muy evidente que ya se ha denunciado, no solamente en el norte de Antioquia y el Chocó, sino en el Caquetá, en Putumayo, en Guaviare, que muestra lo mismo: se nota una articulación y connivencia incluso con algunas disidencias, con el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares. La situación se ve muy grave.

El Ejército tiene a su favor que ha dado golpes duros al Clan del Golfo y eso es lo que reclama en su carta de retractación el brigadier Óscar Murillo, comandante de la Fuerza Titán del Chocó. Quizá es ambiguo eso de la connivencia…

Es cierto, yo creo que ellos manejan todo esto dosificadamente, de tal manera que puedan defenderse y mostrar la otra cara, la de la persecución, en determinados momentos. Pero hay algo que salta como una preocupación de fondo y es el problema de la verdad. 

Hasta qué punto los grupos que ellos dicen que han golpeado son realmente del Clan del Golfo, o más bien son delincuencia común o incluso de guerrilla, y tratan de presentarlos así. ¿Dónde está la credibilidad? ¿Dónde está la verdad?

Más de 13 mil reinsertados han sido asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz.

Las misiones humanitarias han tratado de escuchar el testimonio de las víctimas. Aquí los militares piden pruebas y las únicas pruebas válidas son las que van a las Fiscalías o a las Procuradurías, esas no son pruebas dentro de cierto consenso de los movimientos sociales, en primer lugar porque los que van a denunciar entran en un riesgo grandísimo y esa no es una vía de denuncia para los movimientos sociales, menos en un momento en que todos los órganos de control están cooptados por el alto Gobierno.

Entonces está de por medio el problema de la verdad, a quién creerle y cómo acceder a la verdad en un momento de estos en que no se puede confiar en los órganos de control. Uno ve tantas mentiras, por miles, de carácter oficial. El sólo hecho de que se destaparan más de 6 mil casos de falsos positivos muestra eso, 6 mil veces que el alto Gobierno fabricó falsas verdades y le presentó al país grandes mentiras relativas a crímenes horrendos que se presentaron como verdades y ahora se destapan.

Eran mentiras revestidas de verdad. Lo mismo es lo que ha pasado con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: si uno mira la masacre del 2005, el gobierno trató de venderle al país la falsa idea de que había sido la guerrilla la que había hecho esa masacre, ahora es la Corte Suprema de Justicia la que condena a 10 militares. Nos vendieron una falsa verdad durante varios años, era una mentira oficial revestida de verdad. Eso ha ocurrido multitud de veces.

Hugo Torres, obispo de Apartadó, asegura que la captura de Otoniel abre la posibilidad para la paz con el Clan del Golfo, ¿qué cree al respecto?

En primer lugar, eso del fin del Clan del Golfo es completamente falso, no fue una captura sino una entrega. Además, no se tocó la estructura de ellos que hace tiempo tenían su nuevo comandante elegido y todas sus finanzas reorganizadas. La estructura sigue sin tocar, lo de Otoniel no afectó para nada esa estructura.

Luego, el solo hecho de todas estas denuncias de connivencia con el Estado, eso no abre nada, al revés, en lugar de un espacio para la paz creo que más bien se agrave el problema de la guerra. El Ejército sabemos que nunca ha luchado como una defensa real de los sectores populares y los movimientos sociales, sino más bien como una represión de todas esas fuerzas. Y ahora se une con estos paramilitares que también son una fuerza contra los movimientos sociales. Se está es agravando el problema de la guerra.

Pero el mismo Otoniel dijo en su comparecencia ante la Justicia Especial para la Paz que ellos están dispuestos a hacer la paz…

Yo no sabría valorar eso… hasta donde llegará la sinceridad de todo esto.


ppotes12/29/2021
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Semanas después, el domingo 8 de octubre de 2006 para ser precisos, apareció asesinado el cabo Raúl Carvajal, en el cerro de la Virgen, en el corregimiento de Lajas, en el municipio de Tarra, Norte de Santander. Se negó a asesinar civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Desafío la política macabra de los “falsos positivos”

Por Ricardo Romero Silva – Escritor y columnista de El Tiempo

Feliz Navidad, don Raúl Carvajal, descanse en paz porque de voz en voz en voz sigue viajando la noticia de que a su hijo, el cabo, lo mataron por negarse a cometer un par de “falsos positivos”.

Mijo, ¿y qué?: ¿Cómo está eso por allá?–, le preguntó usted la última vez que hablaron.

Papá, esto aquí está muy feo; a mí me mandaron a matar a dos muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate y yo no los quise matar. Yo me voy a retirar–, advirtió él joven militar, que hoy encarna a tantos soldados que se negaron a la rutina del horror, como quien va dejando migas de pan en el camino a la verdad.

Semanas después, el domingo 8 de octubre de 2006 para ser precisos, apareció asesinado en el cerro de la Virgen, en el corregimiento de Lajas, en el municipio de Tarra, Norte de Santander. Y usted, respetado don Raúl, se dedicó a contar la historia.

Que el hijo que llevaba su nombre pertenecía al Batallón de Infantería Antonio Ricaurte de Bucaramanga. Que, luego de nueve años de servicios al ejército, acababa de ser trasladado a la Unidad Destructor Uno de la Brigada 30 de la Segunda División.

Y no fue asesinado por un francotirador de las Farc en la tal Operación Serpiente, como se repitió hasta la maldad, porque en aquellas fechas no hubo enfrentamientos en aquellos parajes, sino que fue atado de pies y manos, golpeado, torturado, ejecutado a dos metros de distancia y manipulado por otros soldados para cerrarle el paso a su fantasma, a su verdad:.

Tenía la cabeza rellena de papel periódico“, dijo usted, don Ricardo. Hace diez años le dieron los huesos de su niño, en el camposanto donde habían sido enterrados, pues no había con qué pagar la sepultura. Y empezó su odisea para contar lo que pasó como pasó.

Pero Colombia ha sido la distancia entre la verdad y la justicia. Usted despertó seguro de su paso a seguir, ordenó a su familia que se hiciera a un lado porque “yo ya no quiero llorar a otro“, subió al furgón Dodge en el que llevaba comida de las veredas a las ciudades, el PAH 605 de Montería, con los restos del cuerpo que fue su hijo, y vino a la plaza de Bolívar de Bogotá, el mar que recibe todos los ríos que ha olvidado, a contarles este relato en la cara a tantos poderosos que se encogen de hombros entre la guerra:

Si usted supiera lo que duele la muerte de un hijo”, le gritó a Uribe en la plaza el domingo 20 de febrero de 2011, “ustedes no han querido dejar que se esclarezca este asesinato“.

Y se parqueó diez años en la avenida Jiménez con la carrera 7.ª a esperar justicia. Y pidió a Dios que le dejara vivir hasta que esta historia pasara de vida en vida.

Murió el sábado 12 de junio de este año, a los 73, por culpa de la peste escabrosa que ha sido el fin de 129.534 colombianos. Escuchó que su hijo era uno de los 6.402 “falsos positivos” con los que dio la JEP. Pero no alcanzó a ver a Santos pidiéndoles “perdón a todas las familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”.

No supo que al principio de esta Navidad –la moraleja de la Navidad es, se sabe, que vivir es volver a nacer– 21 militares aceptaron cargos por cientos de ejecuciones extrajudiciales; no imaginó que su gente vendría aquí, a Bogotá, a seguir su tarea, a pedir que su furgón quede parqueado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación:

Necesito que mi hermano y mi padre descansen donde quiera que estén”, dijo su hija Doris en un funeral plagado de tapabocas, “ni siquiera sabía que esto era silencio“.

Feliz Navidad, señor Carvajal, descanse en paz que usted –con su historia a cuestas– no solo es el personaje de este año en el que fuimos llamados a decirnos la verdad, sino que será siempre el colombiano que dejó en claro que ningún padre merece ser evangelista de su hijo.

Página del autor www.ricardosilvaromero.com


ppotes12/28/2021
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La Ley incluye reformas al Código Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio y a la Regulación de armas, entre otros.

Por Horacio Duque, analista político

El Congreso de Colombia, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa expidieron una Ley de supuesta seguridad ciudadana que en realidad es un estatuto para establecer una serie de disposiciones e instituciones que remodelan el régimen político para establecer a plenitud una dictadura neonazi que permita aplastar los movimientos sociales y las organizaciones políticas opositoras al Estado oligárquico colombiano e impedir el acceso al poder del Pacto Histórico y su candidato Gustavo Petro.

La Ley incluye reformas al Código Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio y a la Regulación de armas, entre otros. Se trata de un compendio de normas que legalizan prácticas criminales oficiales, neo paramilitares y de particulares. Es un licenciamiento para matar; una aberrante salida fascista del gobierno uribista.

La Ley de seguridad del sub presidente Duque es la repetición de la Ley de los Caballos de la hegemonía conservadora (1886-1930), del régimen chulavita del corporativismo falangista de Laureano Gómez (1950-1954), de la dictadura militar de Rojas Pinilla, del Estado de sitio del Frente Nacional, del Estatuto de seguridad de Turbay Ayala y su sistema de torturas (1978-1982) y de la seguridad democrática uribosantistas (2002-2014), con sus “falsos positivos”, 9 millones de desplazados y las masacres de campesinos.

Es pues la continuidad de la línea de violencia y represión conservadora como elemento estructural del Estado oligárquico colombiano

Esta Ley es una recomposición regresiva y oscurantista del sistema de dominación oligárquico colombiano frente a la potente movilización social registrada en Colombia desde 2019 para exigir la eliminación del modelo neoliberal, la implementación de los acuerdos de paz, la protección de la vida de miles de líderes sociales y excombatientes de las Farc y el fin de las masacres en las que la policía se convirtió en actor central como lo acaba de demostrar varios informes de organismos internacionales de los Derechos Humanos.

La Ley de seguridad de Duque es un esquema neonazi que convierte en delincuencia las protestas sociales y las movilizaciones populares para lo cual tipifica un conjunto de delitos con penas que rayan en la cadena perpetua, establece la plataforma del neo paramilitarismo urbano con la argucia de la “legítima defensa privilegiada” e impone el libre mercado para administrar el régimen carcelario y penitenciario.

Se trata de una Ley de guerra plagada de clasismo y racismo, la cual establece que si una personas es objeto de un atraco en locales comerciales o en vehículos, puede detener el ataque a punta de bala.

Así, con la “novedosa” Ley se da vía libre a la imposición de la pena de muerte para saqueos, atracos y jaladores de vehículos, aceptando que Estado que es incapaz de combatir la delincuencia y la solución que tiene es la de armar a determinados grupos de personajes como lo pudimos observar recientemente con la situación del pistolero caleño Andrés Encobar quien acompañado por la policía y protegido por esta disparo contra los integrantes de la Minga que realizaban sus protestas en la capital del valle del Cauca. Esta Ley se mueve con la idea de que el Estado se apoye en ciertos particulares violentos para supuestamente garantizar la seguridad de las comunidades.

Esta Ley aprobada a las carreras al final de la actual legislatura tiene un propósito político que difícilmente se puede ocultar; todo apunta a golpear la campaña electoral de la Oposición democrática que realiza el Pacto Histórico y su candidato presidencial Gustavo Petro con amplia acogida entre la opinión y muchas posibilidades de acceder a la Presidencia. En Colombia los periodos electorales son los más violentos de su historia, pero esta Ley anuncia un infierno para imponer a plomo y fusil el candidato de la ultraderecha que señale el gran capo del fascismo colombiano (Matarife).

Con la Ley de seguridad desde la Presidencia quieren favorecer los candidatos del Centro democrático y de las otras facciones de la ultraderecha con varias listas al congreso y con pre candidatos presidenciales en las consultas que se adelantaran el 13 de marzo del 2022.

Siendo así es necesario considerar acciones internacionales de denuncia desde la Oposición y procesos de movilización popular que hagan retroceder estas salidas del totalitarismo fascista colombiano.

NOTA IMPORTANTE: El presente artículo fue tomado de portales internacionales de noticias por la actualidad de su contenido y análisis del devenir nacional. Lo que está escrito allí, compromete al autor y no al pensamiento sugoviano.


ppotes12/22/2021
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Ya este presidente se fue así: torpe, mediocre y de espaldas a una generación que en vez de aplaudirlo lo abuchea, se burla de él y le prepara muchos Años Viejos en todo el país para quemarlos como la peor pesadilla que padecieron en este 2021.

Por Raúl Ramírez, periodista.

Cuando Giovanni Jurado, más conocido como Eko, interpeló en el espectáculo que Duque tenía montado en Cali, el rostro de los acólitos del presidente se desencajó.

“Presidente, ¿Usted cuándo va a reconocer a las víctimas del paro? ¿Por qué tiene un proyecto de Ley que reprime con pena de muerte la protesta social? ¿Cómo va a garantizar que las elecciones del 2022 no nos la van a robar?”, interrogó fluidamente el joven que hace ocho meses, con centenares más, protagonizó uno de los estallidos sociales más potentes que se hayan registrado en la ciudad, y que ayer estaba sentado en el auditorio en calidad de recién electo Consejero Municipal de Juventud.

El presidente, el más joven que haya tenido el país, empezó por lo último: comparó el proceso electoral del próximo año con las elecciones realizadas el pasado 5 de diciembre donde se eligieron los Consejeros Municipales de Juventudes; uno de ellos, su interpelador. Es decir, para Duque es tan similar la elección presidencial como las de los CMJ. En ellas se juegan los mismos intereses, el mismo botín, la misma burocracia. ¡Vea pues!

“¿Tú sentiste irregularidades en la que te eligieron? ¿pusiste la demanda? ¿porqué no la pusiste?“, acosaba, preguntaba y se contestaba el presidente, como si no viviera en este país.

Sobre los 48 jóvenes asesinados en Cali, se fue por las ramas: “Aquí no permitimos la violencia contra los manifestantes“, declaró sin aclarar por obra y gracia de quién en la ciudad se cometió ese genocidio, y porqué los civiles y policías que dispararon contra los jóvenes y los indígenas siguen sin ser judicializados y se pasean por campañas electorales de su partido.

Duque alardeaba de su poder en el escenario, sin notar que -antes que a un Estadista- sus respuestas reflejaban la pequeñez de sus ideas y la poca estatura ética y moral de quién arrastrará toda su vida esos crímenes.

Duque creía estarle hablando a un jardín infantil y no a los jóvenes que vivieron en carne propia las consecuencias de sus políticas, jóvenes que vieron caer a su lado a otros muchachos que reclamaban salud, educación, comida y diálogo; y que a cambio recibieron un disparo de fusil.

Ya este presidente se fue así: torpe, mediocre y de espaldas a una generación que en vez de aplaudirlo lo abuchea, se burla de él y le prepara muchos Años Viejos en todo el país para quemarlos como la peor pesadilla que padecieron en este 2021.

En el 2022 estos muchachos tienen la palabra.

 


ppotes12/21/2021
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Lo de Chile bien puede tener su resonancia en Colombia en los primeros seis meses del 2022. Amanecerá y veremos, a no ser que la violencia se expanda para bloquear la insurgencia revolucionaria de las masas.

Por Horacio Duque, analista internacional

Los resultados electorales de las votaciones presidenciales en Chile este 19 de diciembre del 2021 confirman el vigor del nuevo ciclo  de cambios progresistas en la región.

La ultraderecha pinochetista representada por Kast quedó relegada  y la ciudadanía fue consecuente con la enorme movilización desatada desde el segundo semestre del 2019 contra el modelo neoliberal y el poder de las oligarquías financieras y mineras que se apropiaron del Estado y de amplios bienes comunitarios desde la dictadura del General Pinochet y la perversa transición política gestionada por la denominada Concertación que contemporizo con toda la fantasía neoliberal y el consumismo postmoderno.

La casta dominante chilena es muy poderosa y existía el temor justificado por la desviación del proceso democratizador y de insurrección social que se presentó desde el 2019, mediante varias medidas o maniobras mediáticas y el recurso a la violencia con la militarización de la Macro zona sur donde habitan los Mapuches.

Además, la Convención constitucional en funciones ha sido objeto de la presión para acotar su trabajo a la construcción de un Estatuto armónico con los Ejes de la Constitución de 1989, inclinada hacia el mercado capitalista y contraria a los derechos fundamentales de la sociedad.

El pronunciamiento de ayer, no obstante las contradicciones políticas y discursivas de Boric, le da un respiro a las mayorías populares y recarga la potencia de la multitud para que se enfoque en una transición estructural que haga el corte definitivo con el paradigma neoliberal, socialdemocratizante, en su penúltima versión.

EL CONTEXTO COLOMBIANO

En los mismos términos estamos en Colombia. La ultraderecha retardataria y violenta agota toda suerte de maniobras para impedir la expresión política de las poderosas movilizaciones de masas ocurridas desde el 2019. La más reciente salida corre por cuenta de la verborrea populista de Rodolfo Hernández, una especie de Trump andino, que haciendo gala de su asquerosa fortuna derrocha demagogia contra los políticos corruptos y a favor de la arremetida policial contra los manifestantes estigmatizados como vándalos por la Presidencia de la República, el Ministro de la Defensa y el Fiscal.

Hernández esta disparado y lo que puede suceder es que con las ínfulas agregadas por la maquina mediática del uribismo, el debate se centre entre este personaje y Gustavo Petro, la figura principal del Pacto Histórico, la coalición democrática que crece como alternativa popular para el cambio y las reformas estructurales.

Lo cierto es que la escena política nacional se mueve por la preponderante incidencia de Petro que en el mediano plazo debe expresarse en la elección de un amplio grupo de senadores (40) y representantes (50) como un bloque legislativo comprometido con la propuesta programática del Pacto histórico.

Lo de Chile bien puede tener su resonancia en Colombia en los primeros seis meses del 2022. Amanecerá y veremos, a no ser que la violencia se expanda para bloquear la insurgencia revolucionaria de las masas.


ppotes10/03/2021
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El chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Guillermo Lasso figuran en la filtración al ICIJ. Entre los exmandatarios destacan los colombianos Gaviria y Pastrana. En Brasil aparecen implicados el ministro de Economía y el presidente del banco central.

Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia, revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 91 países y territorios, así como un abanico global de fugitivos, estafadores y asesinos.

Estos papeles secretos exhiben los negocios offshore del Rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras de quien es considerado ministro no oficial de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.

Los documentos filtrados revelan que muchos de los actores que podrían acabar con el sistema offshore son en realidad beneficiarios de sus servicios, escondiendo bienes en sociedades de papel y trusts –o fideicomisos– mientras sus gobiernos hacen poco para frenar el flujo global de dinero ilícito que enriquece a delincuentes y empobrece a las naciones.

Pastrana y Gaviria, quienes se presentan como poseedores de las soluciones para el país, figuran entre los evasores de impuestos y quienes se favorecieron de los paraísos fiscales.

Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos, destacan:

  • Un castillo de 22 millones de dólares en la Rivera Francesa, con cine y dos piscinas, comprado a través de sociedades offshore por el Primer Ministro populista de República Checa, un multimillonario que ha hecho campaña contra la corrupción de las élites económicas y políticas.
  • Más de 13 millones de dólares escondidos en un opaco trust en las Grandes Llanuras de Estados Unidos por el vástago de una de las familias más poderosas de Guatemala; una dinastía que controla empresas de fabricación de jabón y labiales, y que ha sido acusada de provocar daños a sus trabajadores y al medio ambiente.
  • Tres mansiones en la costa de Malibú que el Rey de Jordania compró por 68 millones de dólares a través de tres sociedades offshore años después de la Primavera Árabe, en la cual los jordanos salieron a las calles para protestar contra el desempleo y la corrupción.

Estos documentos secretos son conocidos como los Pandora Papers o Papeles de Pandora.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) obtuvo más de 11.9 millones de documentos confidenciales y encabezó un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios –del que forma parte IDL-Reporteros–, quienes dedicaron dos años a examinarlos meticulosamente, a rastrear las fuentes y a excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países.

Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Estas firmas incorporan sociedades de papel y otros escondites offshore para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras. La información incluida en los archivos supera en cerca de tres veces el número de operaciones offshore de jefes de Estado reveladas en las anteriores filtraciones de documentos sobre paraísos fiscales, y más de dos veces el número de transacciones de servidores públicos.

Los hallazgos del ICIJ y de sus medios aliados exhiben cómo la finanza ultrasecreta ha infiltrado la política internacional y muestra por qué los gobiernos y las organizaciones globales han hecho tan poco para acabar con los abusos financieros en jurisdicciones extraterritoriales.

Un análisis realizado por el ICIJ a los documentos secretos identificó 956 sociedades en paraísos fiscales vinculados con 336 políticos y funcionarios de alto nivel, incluyendo jefes de Estado, ministros, embajadores y otros. Más de dos tercios de estas sociedades fueron incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción que durante mucho tiempo fue considerada como una pieza clave en el sistema offshore.

Por lo menos 11 mil 300 millones de dólares están guardados en sociedades offshore, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Debido a la complejidad y el secretismo de este sistema, resulta imposible distinguir cuántos de estos recursos están ahí por evasión de impuestos u otros delitos, y cuántos vienen de fuentes legítimas y han sido reportados ante las autoridades tributarias.

Líderes mundiales, los que esquilman los recursos del pueblo, sacaban los recursos de sus respectivas naciones y las llevaban a paraísos fiscales.

EN TODOS LOS RINCONES DEL MUNDO

La investigación Pandora Papers revela los dueños secretos de sociedades offshore, cuentas bancarias anónimas, jets privados, yates, mansiones y obras de arte de Picasso, Banksy y otros artistas. La información que ofrece es más detallada que la que suelen obtener las autoridades gubernamentales.

Entre los personajes que los documentos vinculan con bienes offshore resaltan la superestrella de cricket de la India Sachin Tendulkar, la diva de la música pop Shakira, la supermodelo Claudia Schiffer y un mafioso italiano conocido como “Lell El Gordo”.

Raffaele Amato, ha sido vinculado con al menos una docena de asesinatos. Los documentos filtrados ofrecen detalles sobre una sociedad de papel registrada en Reino Unido, que Amato utilizó para comprar terrenos en España poco antes de huir de Italia, con el objeto de instalar en la península ibérica su propio grupo criminal. Amato, cuya historia inspiró la multipremiada película “Gomorra”, está cumpliendo una pena de cárcel de 20 años. Los abogados de Amato no contestaron solicitudes de comentarios.


ppotes09/15/2021
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El próximo 16 de septiembre la Fiscalía llamará a juicio al mayor Jorge Mario Molano, quien está suspendido. Será acusado por homicidio pues, según los cotejos periciales, todo indica que le disparó al joven Santiago Murillo en Ibagué sin que fuera necesario y desconociendo todas las directivas para el uso de armas. La defensa del policía sostiene que es inocente.

Tomado de El Espectador 

A las 2:40 de la madrugada del pasado 2 de mayo, el mayor Jorge Mario Molano (suspendido por la Policía) entregó su arma de dotación. Lo hizo en las instalaciones de la Fiscalía de Ibagué, horas después de que el joven Santiago Murillo, de 19 años, cayera baleado por un disparo que le perforó el corazón en la calle 60 con carrera 5 de la capital del Tolima. La pistola en manos de Molano, con serial SP 0169540, es una de las pruebas con las que la Fiscalía va a llevar a juicio al policía, pues el registro coincide con el proyectil encontrado en el hombro de la víctima, un joven quien no participaba del paro nacional y quien en su última noche regresaba de la casa de su novia.

El Espectador conoció el escrito de acusación en contra del suspendido mayor Molano que la Fiscalía preparó para el juicio que iniciará el próximo jueves 16 de septiembre. El policía asistirá a la audiencia desde la cárcel Picaleña (Ibagué), pues está preso preventivamente. En el documento, el ente investigador expuso su hipótesis sobre el homicidio de Murillo, basándose en informes periciales, documentación de investigadores de policía judicial y un total de 39 testimonios. Se trata del primer llamado a juicio por los homicidios atribuidos a miembros de la Fuerza Pública en el pasado paro nacional, los cuales podrían ser hasta a 77, según Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Entre los fundamentos de la acusación, se describe que el pasado 1 de mayo, sectores sociales convocaron a movilizaciones en Ibagué. En la calle 50 con carrera 5, a eso de las 8:20 p.m., se presentaron desórdenes y algunos manifestantes lanzaron piedras contra miembros de la Policía y las instalaciones de una tienda Panamericana. “La situación es conocida por Jorge Mario Molano, quien para el momento de los hechos, fungía como comandante del CAI Norte o estación Norte, y el teniente Andrés Parra, adscritos a la Policía Metropolitana de Ibagué. Los dos oficiales se ubican en la calle 60 con carrera 6, en donde en dicha esquina desenfundan sus armas de dotación en ese primer momento y cada uno realiza detonaciones hacia el piso y al aire”, señala la Fiscalía.

UN BUEN MUCHACHO, ASEGURA SU FAMILIA

Miguel Murillo, su papá, lo recuerda como un muchacho querido por sus amigos, por su familia, por las mamás de sus amigos, por todos los que estaban a su alrededor. “Era un pelado educado, juicioso, sociable, una persona responsable, era un excelente niño”, relató y añadió que Santiago solía pasar mucho tiempo en la casa y que cuando salía, por lo general era con él a montar en bicicleta o con su novia Estefanía, y que, de vez en cuando, iba a la casa de su tía.

La policía representada en el Esmad, reaccionó violentamente ante la protesta social en Ibagué. Resultó muerto, en las movilizaciones, el joven Santiago Murillo.

Aunque algunas versiones previas señalaron lo contrario, el papá de Santiago dice que su hijo no participó en las protestas. Aunque se acercó a una zona de manifestaciones, quizá por curiosidad, Miguel tiene la certeza de que su hijo no estaba manifestándose ni mucho menos lo hizo lanzando piedras o con violencia, algo que de cualquier forma no justificaría, si es que así ocurrió, que recibiera un disparo de un integrante de la Policía.

“Él no era de las personas que participan en esas cuestiones. Yo soy hincha del Tolima, pero nunca le inculqué eso, porque a la edad de ellos me daba miedo que de pronto él pudiera ser parte de ese grupo”, explicó Murillo, quien resaltó que apoya las protestas y exigencias ciudadanas, pero jamás el vandalismo y los disturbios. “Ni yo, ni Santiago, nunca le di la educación para que hiciera eso”, explicó.

UN ASESINATO DE LA POLICÍA

Miguel Murillo pidió que termine la violencia y agradeció a todos los que han marchado por su hijo y le han dedicado homenajes. “Pero eso no me lo va a devolver, lo que quiero es que esto no se repita (…) que todo se resuelva y que no quede impune, porque eso fue un asesinato de mi hijo por parte de un policía”, sostuvo.

A pesar de la situación descorazonadora de Miguel, después de la pérdida de su único hijo, los trámites no dan espera. Estuvo toda la mañana en la Fiscalía y le informaron que la investigación ya está avanzando, pues solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Además, el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, también se acercó a él y le prometió que su gobierno se esforzará para que no haya impunidad en el caso.


ppotes08/23/2021
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Lo que ha olvidado el gobierno de Duque–después de Álvaro Uribe, el peor presidente de Colombia–, es que el Paro Nacional no se ha “desmovilizado”. Por eso, este 26 de agosto salimos a marchar.

El Comité Nacional de Paro convocó para este 26 de agosto nuevas y masivas movilizaciones en todo el país. Se pretende continuar con las protestas que se iniciaron desde el 28 de abril y que han traído frutos para la ciudadanía. Cabe recordar que gracias a las movilizaciones se cayó la reforma tributaria que afectaría gravemente los intereses de la mayoría de colombianos.

Sobre las nuevas movilizaciones este 26 de agosto, Francisco Maltés, vocero del Comité Nacional de Paro dijo que las protestas serán pacificas en las principales capitales del país. En un vídeo publicado a través de redes sociales expresó las motivaciones que llevarán a la gente nuevamente a las calles.

Son dos las principales razones para las movilizaciones de este 26 de agosto. La primera es exigirle al congreso que dé tramite a los proyectos de ley que fueron presentados por el Comité Nacional de Paro y decenas de congresistas a finales del mes pasado. Estos proyectos de ley fueron construidos con base en el pliego Nacional de Emergencia que desde el año pasado han venido proponiendo desde el Comité Nacional de Paro.

El segundo punto por el cual se harán las movilizaciones este 26 de agosto tiene que ver con la nueva reforma tributaria. Se protestará contra este nuevo proyecto porque estipula varias medidas que van en contra de las pequeñas y medianas empresas y contra el patrimonio y los trabajadores públicos. “Esta reforma contribuirá a la liquidación de pequeñas y medianas empresas toda vez que le da el mismo tratamiento fiscal que a las grandes empresas” dijo Francisco Maltés.  

La reforma tributaria, contra la cual se protestará este 26 de agosto, también pretende congelar los salarios públicos por 10 años. Esto iría en detrimento de la calidad de vida de más de un millón doscientos mil trabajadores y sus familias. Además, la reforma contempla suprimir los cargos públicos que queden vacantes. Por otro lado, estipula el proyecto, darle facultades al gobierno para que suprima o fusione entidades estatales. Así se abre el camino para la venta y privatización de los activos de la nación que son patrimonio de todos.

Finalmente, Maltés invitó a que todos los colombianos se movilicen pacíficamente este próximo jueves 26 de agosto.


ppotes08/19/2021
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Por iniciativa de varios agentes de tránsito afiliados al SUGOV, se desarrolló una labor de pintura y señalización en los municipios de Restrepo y Riofrío.

Texto: Fernando Alexis Jiménez – Fotografías: Oliverio Montealegre T.

Siempre se ha dicho que los sindicalistas son sinónimo de exigencias reivindicatorias y no falta el bárbaro que asegura que hasta problemáticos. Tremendo equívoco. Lo que se desconoce es que, de la mano de la beligerancia en defensa de los derechos de la clase trabajadora, también somos propositivos.

Una muestra fehaciente es la decisión de varios compañeros agentes de tránsito afiliados al Sindicato Unitario de la Gobernación del Valle del Cauca—SUGOV–, quienes pintura en mano, se dieron a la tarea de señalizar Restrepo y Riofrío, contribuyendo decididamente a la disminución de la accidentalidad.

Está claro que no forma parte de su Manual de Funciones. Lo asumieron de manera voluntaria, sin dejar de lado el entusiasmo y el compromiso con la comunidad. Dicho sea de paso, los moradores de los dos municipios, acogieron esta labor con entusiasmo.

Los dejamos con algunos registros gráficos que nos envían los compañeros sugovianos…


ppotes06/21/2021
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Sobre lo sucedido en Colombia, según los datos que ofreció, del 28 de abril al 16 de junio se registraron 56 muertes (54 civiles y 2 agentes de policía), especialmente en Cali, además de 49 víctimas de violencia sexual.

Agencia Francesa de Prensa (AFP)

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este lunes los “mayores y más graves retrocesos” en materia de derechos humanos “que hayamos visto nunca”, en un discurso ante el máximo órgano de la ONU en la materia.
En su pronunciamiento, la expresidenta chilena hizo referencia a la situación en Colombia y mostró su “grave preocupación” por la represión contra manifestantes.

“Para recuperarnos de los mayores y más graves retrocesos en materia de derechos humanos que hayamos visto nunca, debemos tener una visión que cambie la vida y una acción concertada” para ponerla en práctica, dijo Bachelet a los miembros del Consejo de Derechos Humanos, que este lunes empieza su 47ª sesión.

“Necesitamos (…) sociedades que, aunque diversas, compartan compromisos fundamentales para reducir la desigualdad y avanzar en todos los derechos humanos”, dijo la funcionaria.

Sobre lo sucedido en Colombia, según los datos que ofreció, del 28 de abril al 16 de junio se registraron 56 muertes (54 civiles y 2 agentes de policía), especialmente en Cali, además de 49 víctimas de violencia sexual.

Autoridades civiles y la Defensoría del Pueblo elevan este balance a al menos 61 personas fallecidas, entre ellas dos uniformados.

Bachelet subrayó también que “aunque la mayoría de manifestaciones fueron pacíficas, se registraron algunos episodios de violencia” y animó “al diálogo para resolver la crisis”.



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El Sindicato Unitario de la Gobernación del Valle del Cauca-Diverso pero Unitario, es una Organización Sindical de Industria y/o rama de actividad económica de primer grado y mixta, que tiene en su seno a Servidores Públicos adscritos en los Niveles Central-Descentralizado, EICES-ESES-de Nivel Dptal. y Funcionaros de Educación planta FODE .


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